Veintidós defensores ambientales de la Amazonía peruana fueron asesinados desde la pandemia de 2020 por oponerse a las actividades ilícitas que destruyen los bosques y afectan a las comunidades indígenas, según el registro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Mar Pérez, representante de esta organización, ha señalado que no existe una protección real para los defensores amenazados pese a que el Ministerio de Justicia creó el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y una muestra es que desde 2021 hasta la fecha no se ha aprobado el protocolo de protección policial para las personas defensoras.

—¿A quiénes se les considera defensores ambientales en la Amazonía peruana?

—Son defensores ambientales todas aquellas personas que arriesgan su integridad y su tranquilidad para defender el patrimonio de toda la humanidad, para defender los bosques y los ríos. Y además se encuentran en esta categoría los líderes e integrantes de los pueblos indígenas, pero también algunos funcionarios públicos como los guardaparques, y periodistas, jóvenes activistas, incluso se pueden defender los derechos humanos a través del arte.

Tenemos que considerar que hay, también, agricultores que defienden nuevos sistemas de producción y que sufren altos niveles de riesgo o amenazas a manos de diferentes actividades cuyos intereses ponen en riesgo.

—¿Qué actividades están detrás de los asesinatos de los defensores ambientales?

—Principalmente se trata de las economías ilegales como el narcotráfico, la tala ilegal de madera, el tráfico de tierra, que son fenómenos que tiene mucha presencia en la Amazonía, pero no son solamente las economías ilegales. También hay empresas, como empresas petroleras que participan directamente en estos eventos de violencia generando división dentro de las comunidades y haciendo que quienes abordan una explotación sostenible de los recursos naturales sean violentados por grupos que reciben diferentes beneficios de las empresas petroleras.

—¿Alguno de los casos de asesinatos de defensores a partir de 2020 ha logrado tener una sentencia ejemplar?

—El caso que más avances ha tenido en términos de a la Justicia es el conocido como caso Saweto, que se refiere a las torturas y asesinatos cometidos contra líderes de la comunidad Alto en Tamaya Saweto, que pertenecen al pueblo ashéninka, que estaban enfrentándose a madereros ilegales. Pero estos hechos ocurrieron en 2014 y todavía han pasado ya más de 10 años, todavía no tenemos una justicia firme.

A partir de 2020, los casos de asesinato de defensores se encuentran en detenciones preventivas, es decir, procesos donde todavía no hay una sentencia definitiva y podría producirse la liberación de las personas involucradas. Sin lugar a dudas la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos en este tipo de investigaciones ha permitido que se investigue no solamente a los sicarios, sino también a quienes dan las órdenes, que creo yo es lo más importante y lo más difícil. Pero falta todavía mucho camino por recorrer.

—¿Por qué alcanzar justicia para los deudos de las víctimas en la Amazonía es más complejo? ¿El Estado peruano debería brindar una reparación integral en estos casos? ¿Cómo?

—El sistema de Justicia en Perú tiene muchos problemas, pero esos problemas afectan especialmente a los pueblos indígenas. No se garantiza un de los pueblos indígenas al sistema de Justicia en primer lugar por temas económicos, por temas geográficos, por temas de idioma, porque los procesos judiciales se realizan en español y no en lenguas originarias, pero además cuando hablamos de asesinatos de defensores se trata de investigaciones especialmente complejas, en las que en muchos casos se usan sicarios, hay personas que pagan a otras para que se cometan los asesinatos y por lo tanto se requiere asignar recursos especiales para que las investigaciones puedan llegar a buen puerto.

—¿Cómo debería el Estado mejorar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos para que sea efectivo?

—El Mecanismo tiene problemas desde que fue creado, pero en estos momentos es como si hubiera sido desactivado, es como si solamente existiera el papel.

En muchos casos ni siquiera responden a las comunicaciones que se les envían, no tienen recursos para hacer su trabajo de protección y es finalmente la cooperación, o las propias organizaciones indígenas o los propios defensores en riesgo, quienes asumen los costos de protección. No cuentan con el suficiente personal y hay una total ausencia de voluntad política para garantizar realmente la protección de las personas defensoras. Y la prueba más clara de ello es que desde 2021 hasta la fecha no se ha aprobado el protocolo de protección policial para las personas defensoras.

En realidad es que hay muchos intereses del Gobierno y de empresas para que los defensores no puedan continuar con su labor y la prueba de ello son todas las normas que se están aprobando desde el Congreso y el Ejecutivo, que en realidad lo que hacen es profundizar la violencia contra las personas defensoras como las sucesivas prórrogas en el registro de minería informal.

Imagen principal: La viudas de los líderes de la comunidad Alto Tamaya Saweto asumieron la defensa del territorio indígena entre en la frontera entre Perú y Brasil tras el asesinato de sus esposos en el 2014. Foto: Santiago Romaní.