Desde el domingo 15 de enero de 2023, se desconoce el paradero del defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y del líder comunitario Antonio Díaz Valencia. Ese día el vehículo en el que viajaban fue atacado en la zona limítrofe de los estados de Michoacán y Colima. Horas antes, ambos habían encabezado una asamblea en San Miguel Aquila, comunidad indígena nahua, en la que informaron sobre los avances legales de una denuncia que tenían en los tribunales agrarios.
San Miguel Aquila se ubica en la sierra michoacana, cerca de los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima. En el territorio de la comunidad indígena se encuentra uno de los principales yacimientos de hierro en México. Ahí funciona el complejo minero operado por la empresa Ternium, una de las principales productoras de acero en Latinoamérica.
Sin embargo, las diferencias entre los habitantes y la empresa siempre han estado latentes. En diciembre de 2011, bloquearon las instalaciones de la mina para exigir que la empresa pagara una cantidad justa por la explotación del metal. Tres meses después, Ternium se comprometió a pagar 3.8 dólares por cada tonelada de hierro extraída. En ese entonces, se decidió que 465 comuneros, que integraban el padrón de la comunidad agraría, recibieran el pago mensual de la mina.
Pero en 2019, un grupo minoritario de comuneros reeligió de forma fraudulenta a los integrantes del comisariado, órgano de representación que por ley deben tener las comunidades agrarias. Este era el caso que Lagunes y Díaz habían llevado hasta los tribunales. Luego de cuatro años, por fin se iba a realizar una elección limpia del comisariado y este estaría al servicio de la comunidad y no de la minera como venía sucediendo. La desaparición de sus defensores cambió el panorama.
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