- Cuatro vías fueron abiertas entre octubre de 2024 y febrero de este año dentro de la segunda área protegida con mayor representatividad ecológica y de biodiversidad del país.
- Además, entre 2022 y 2023, los cocales dentro del parque nacional aumentaron un 38 %, a pesar de que las actividades humanas están prohibidas.
- Se trata de la tercer área protegida nacional con mayor pérdida total de bosque en Bolivia.
- El poder de sindicatos cocaleros y la limitada fiscalización de las autoridades han profundizado las amenazas en el núcleo del parque más húmedo del país.
El Parque Nacional Carrasco está en grave riesgo. La apertura de caminos clandestinos, la proliferación de asentamientos ilegales de comunidades, el aumento de cultivos de coca y el narcotráfico se han profundizado en los últimos cuatro años. Detrás existe una frágil fiscalización de las autoridades y el poder de comunidades o sindicatos de productores de cocales que habitan en su interior, legal e ilegalmente. A pesar de que se trata del área protegida con mayor humedad de Bolivia, es una de las tres más deforestadas.
Una investigación que empezó a finales de diciembre de 2024 permitió establecer que solo entre octubre de ese año y febrero de 2025, cuatro vías han sido abiertas en la zona de protección estricta. La primera, el 20 de octubre en los sindicatos ilegales Campamento y Carmen Pampa, con una extensión de cinco kilómetros. La segunda, el 12 de noviembre, impulsada por el sindicato Yungas Perguantío (también ilegal), con una longitud de cuatro kilómetros y medio. La tercera vía está en el sindicato de Macho Yungas (legal) y tiene una extensión de 16 kilómetros; los trabajos empezaron el 5 de noviembre. Finalmente, el 21 de febrero de este año hubo una cuarta apertura, en la subcentral Pampas Amarías, compuesta por los sindicatos Peña Rumi, Nuevas Pampas, Primero de Agosto y Chaco soberano (todos legales), con una longitud de 10 kilómetros. Los trabajos de este último camino terminaron en mayo.
Estas imágenes registradas dentro del parque Carrasco, que han sido proporcionadas por una fuente en territorio, muestran el avance de las vías ilegales dentro del área protegida. Foto: Cortesía comuneros locales.
El parque, de 622 600 hectáreas de superficie, está ubicado en el departamento de Cochabamba, y abarca dos provincias y diez municipios. Debido a su extensión, tiene desde bosques amazónicos hasta puna, pasando por sectores de Yungas, bosque montano, ceja de monte y subandino. Esta variedad de ecosistemas es la que la ubica como la segunda área protegida “con mayor representatividad ecológica y de biodiversidad” del país, después del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado (ANMI) Madidi, en La Paz. Así lo establece un diagnóstico ambiental al que Mongabay Latam tuvo .
Exfuncionarios y biólogos coinciden en que el mayor riesgo al que se expone el área es la pérdida de su categoría de Parque Nacional, para pasar a ser un Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), lo que implicaría legalizar actividades humanas en su interior que actualmente se consideran fuera de norma. Asimismo, se pone en riesgo la riqueza biodiversa de un territorio de reserva que provee agua dulce a toda la zona tropical de Cochabamba.
“Lo poco que se está sosteniendo (del parque) es justamente por su categoría. Pero si la dirección omite sus funciones de protección, incurriría en procesos por no resguardar la categoría”, explica Noel Altamirano, biólogo que estudia y trabaja en el lugar desde hace más de 20 años. “Pero más allá de eso, lo que se va a perder es un ecosistema, porque se sabe que hay planes de unir los municipios de Pojo y Epifania con Chimoré Bulo Bulo, es decir, atravesar todo el parque”, advierte.
El otro conflicto que observa Altamirano es el político-social, ya que hay disputas entre grupos cocaleros de la zona subandina que se disputan el poder con los del trópico, señala una fuente que pidió reserva por seguridad. “La coca del trópico no es para consumo (o acullicu, que es como se conoce al masticado tradicional de la hoja en Bolivia). Es más, ni siquiera nosotros consumimos. En el camino se puede ver que la coca que se vende es la de Yungas de La Paz o la de Yungas de Vandiola (Parque Carrasco), porque es más dulce y pequeña. La otra tiene otro destino y ya se están generando disputas por este tema, porque los compradores prefieren la de Yungas (de Vandiola)”, dice.
Todos los caminos conducen a Carrasco
La apertura de caminos ilegales comenzó en 2021, señala un ex funcionario del parque, quien pidió reserva en su nombre por seguridad. Ese año se abrió una vía de 15 kilómetros en el sector de Arepucho. Tres sindicatos cocaleros—Arepucho, Guanay y Guanay A— promovieron los trabajos, que luego fueron legalizados mediante una licencia ambiental que se tramitó cuando ya había un avance de nueve kilómetros y se habían derribado árboles primarios con maquinaria.
Un lugareño que habita dentro del parque confirmó que, para llevar adelante los trabajos de dicha apertura, cada familia hizo un aporte económico. Dicho dinero se usa para: alquilar tractores, pagar combustible diésel y la multa que se estipula por una falta istrativa, ya que se trata de sindicatos reconocidos legalmente.
“Cuando empezaron a tramitar la licencia ambiental (en el sector de Arepucho), nosotros ya teníamos una senda abierta, que luego se convirtió en un camino. Una noche, un dirigente llegó a mi casa y nos explicó que se había llegado a un acuerdo con la Dirección del parque, y que había que dar una cuota para los trabajos y pagar la multa”, reveló la fuente. En una asamblea, se informó que la recaudación superó los 67 mil bolivianos mil (9 600 dólares, al tipo de cambio oficial: Bs 6.96). Sin embargo, el entrevistado cree que la cifra alcanzó los 150 mil bolivianos (21 500 dólares), porque se recibió aportes de tres sindicatos para realizar dichos trabajos y pagar la citada multa.
A partir de ahí, las vías comenzaron a proliferar de forma alarmante. Lo mismo sucedió con el aumento de coca ilegal, los asentamientos de nuevos colonos o “interculturales”, como se les denomina en Bolivia, y la deforestación de bosque primario.
En el caso de los caminos, en cinco meses se abrieron cuatro y con tres fines, según fuentes consultadas: expandir y ampliar la producción de coca ilegal mediante la mecanización del sembradío, facilitar el tránsito para la comercialización de la hoja ilegal y, finalmente, para sacar otros productos agrícolas. De hecho, entre 2022 y 2023, los cultivos no permitidos crecieron en un 38 %, según el informe de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito, por sus siglas en inglés) presentado en febrero último. En esa línea, Carrasco es también la tercera área protegida nacional con mayor deforestación del país, con una pérdida total de bosque de 31 688 hectáreas entre 1953 y 2023, según un informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
A través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), Mongabay Latam y La Región han podido constatar que de mayo del 2024 a la fecha se han registrado 245 805 alertas de deforestación en el Parque Nacional Carrasco. Esto significa un 25% más de alertas en comparación al año anterior. Alrededor del 61% de estas alertas ocurrieron entre agosto y octubre de 2024, durante el pico de incendios del año pasado. Además, según los datos de GFW, el 2024 fue el tercer año con mayor pérdida de bosque primario en el 2015 dentro del Parque Carrasco.
Actualmente se estima que en la zona de protección estricta hay, al menos, 16 comunidades ilegales, algunas de las cuales han establecido trancas para controlar el ingreso de foráneos, por lo que no está permitido el patrullaje de guardaparques. “Ellos (los guardaparques) no tienen más que someterse o alejarse de ciertas zonas críticas, por su seguridad y la de sus familias”, dice a Mongabay Latam Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (Abolac).
Uno de los puntos más críticos es Parajti, donde hace seis años se construyó un paso peatonal, según confirmaron a este medio tres fuentes distintas con al lugar. Del mismo modo, se conoce de la existencia de una pista de aterrizaje, que no estaría en funcionamiento, pero que se encuentra “bien mantenida”. Ni el cuerpo de protección ni otras instancias de Estado han podido llegar al punto.
Muchas de las comunidades asentadas ilegalmente ya tienen sistemas de agua, construyeron casuchas con madera de árboles derribados y comenzaron con nuevos cultivos de coca. Es más, las familias fueron contabilizadas en el reciente censo de 2024. “Otros no viven ahí, solo entran dos o tres veces al año, para sembrar la coca, cuidarla con agroquímicos y luego sacar la cosecha”, explicó el exfuncionario. Siguiendo su declaración, también se encontró a personas extranjeras y fosas de maceración, “pero muchas de estas denuncias no se hacen por temor”.
Pese al temor, el último 7 de abril se denunció un caso ante la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) por el hallazgo de una fosa de maceración de cocaína abandonada y otra activa en el norte del área protegida. Aunque no se encontró a nadie, los indicios de la presencia de narcotráfico fueron corroborados por asambleístas del Poder Legislativo.
Tanto la senadora Cecilia Requena como el diputado Saúl Lara, del Comité de Medio Ambiente y el de Lucha contra el Narcotráfico, respectivamente, solicitaron informes a autoridades del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el Ministerio de Medio Ambiente por las denuncias en Carrasco, sin obtener respuesta alguna, aseguraron por separado. Lara incluso realizó inspecciones para verificar la erradicación de cocales junto al Ministerio de Gobierno. “Entre 2022 y 2023, constatamos que había una gran cantidad de focos de calor. Quiere decir (que había) decenas de factorías de elaboración de droga”, aseguró en una entrevista.
En febrero último, el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, apuntó a declarar el área protegida como territorio libre de cultivos hasta fin de este año. Pero los congresistas dudan que esto sea posible. Desde octubre pasado, los trabajos de erradicación son irregulares, ya que cocaleros expulsaron a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un grupo de élite conformado por el Ejército, la Policía y la sociedad civil. Se estima que en el interior hay alrededor de 310 hectáreas de coca ilegal, según UNODC.
Desde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), no han querido referirse al respecto. Desde abril pasado, se esperaba una entrevista con el director interino, Jair Gonzales Delgadillo, pero el 15 de mayo último, este fue reemplazado de forma sorpresiva por Idelfonso Canaza Kapajeique. El director del parque, David Andrade, pidió que se le devuelva la llamada y no respondió más el teléfono. Hasta el cierre del reportaje se esperó que alguna autoridad pudiera referirse a la situación.
La profundización de presiones sobre el área coincide con el masivo despido de directores jefes de protección y guardaparques que se dio en 2021. “Ninguno de los anteriores directores se dejó convencer de abrir los caminos, pero cuando los cambiaron, los nueve sindicatos cocaleros legales y los que se asentaron ilegalmente se unieron para construir los caminos”, dijo el exfuncionario.
La exasesora legal del parque, Fabiola Iriarte, aseveró en una entrevista por mensajes de WhatsApp que cuando ella dejó el cargo se echó por la borda todo el trabajo que venía realizando. Desde su departamento se habían iniciado procesos penales por estos y otros hechos, “pero me sacaron y en mi área entraron justamente personas del trópico (cocaleros) y paralizaron todos los procesos”, aseguró de forma escueta sin entrar en detalles.
Territorio “no disponible”
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) declaró gran parte del territorio de Carrasco como “tierra fiscal no disponible”. Al tener categoría de Parque Nacional, no debiera haber presencia humana dentro, pero se respetó a las comunidades asentadas antes de la creación, el 11 de octubre de 1991. Según documentos, en ese momento, eran alrededor de 100 familias campesinas (entre 700 a 800 personas), aglutinadas en nueve sindicatos cocaleros. Actualmente hay 16 sindicatos o comunidades ilegales, la mayoría de las cuales se dedica al cultivo de coca.
Nivardo Rivera, director de la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico (Udestro), una repartición respaldada por ley para medir hectáreas de cocales ilícitos y apoyar la erradicación, dijo a Mongabay Latam que dos federaciones de cocaleros —Bulo Bulo-Mamoré y Carrasco— no permiten el ingreso a ciertas zonas. En enero último, dos campamentos lograron ser instalados en la zona Pampa Colorada, pero un grupo tuvo que retirarse “por falta de alimentación e insumos”.
Lo ocurrido en octubre pasado, con la expulsión de la Fuerza de Tarea Conjunta, es solo una muestra del poder de las seis Federaciones del Trópico cochabambino: una red campesina jerárquica conformada por sindicatos (cada uno de entre 30 y 50 familias) agrupados en subcentrales o centrales. Actualmente, el presidente es el exmandatario Evo Morales, secundado por el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien busca inscribirse como candidato a la Presidencia, en las elecciones generales previstas para agosto próximo.
Tanto el Trópico de Cochabamba como los Yungas de La Paz son las únicas zonas autorizadas para el cultivo de coca en Bolivia. Cada familia puede producir un cato de coca, que equivale a 1600 metros cuadrados de terreno. “Algo que no se cumple”, ite el hijo de un cocalero que vive dentro del área protegida. “Por ejemplo, nosotros somos ocho hermanos y no haríamos nada con un cato. Mi papá se ha comprado un cato en blanco (denominativo que se da al terreno ilegal). El sindicato ayuda en esa parte (la compra del cato ilegal), así que cada familia tiene, por los menos, dos catos: uno legal y otro que no está permitido”, dice.
Durante el gobierno de Evo Morales, se llegó a un acuerdo respecto a la coca ilegal, refiere el entrevistado. Se dejaría un cato por familia y se permitiría “voluntariamente” la eliminación del o los otros catos que tuviesen. Pese a que la acción era ilegal, ello permitió seguir con los trabajos, de ahí que el término “erradicación” se cambió por “racionalización”.
Historia de un parque “donde siempre llueve”
El Parque Nacional Carrasco solo ha sido estudiado en un 20 % de toda su riqueza biodiversa, lamenta el biólogo Noel Altamirano. Él y su hermano Saúl fueron parte de equipos de investigación desde que eran universitarios, lo cual les permitió conocer gran parte del territorio en reserva.
Hasta 2005, más de 3000 especies de plantas fueron registradas, 300 de ellas, orquídeas. En fauna, 181 especies de mamíferos, 750 especies de aves, 306 especies de reptiles y los más recientes hallazgos incluyen animales de extrema rareza como la rana de cristal.
Esa riqueza natural en parte se debe a la calidad y cantidad hídrica que se genera dentro. Un estudio de diagnóstico ambiental de 2016 da cuenta que “la zona más húmeda de Bolivia se encuentra en los Yungas de Cochabamba”, que es parte de Carrasco. “La evapotranspiración real en el Parque Nacional Carrasco oscila entre 1000 a 1300 milímetros, con una humedad relativa de 80%”, se lee en el mismo. En palabras del biólogo Noel Altamirano, “se trata de un banco que almacena agua”.
Estos detalles, sumados a la presencia de pueblos indígenas Yuqui, Yuracaré y Chimanes, fueron argumentos suficientes para la creación del parque, primero por resolución ministerial, en 1988, y luego por decreto supremo, el 11 de octubre de 1991. En el documento también se incorporó al Santuario de Vida Silvestre Cavernas del Repechón, que alberga especies de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.
Con el tiempo, los originarios fueron relegados y, entre las décadas de 1960 y 1970, el territorio empezó a ser ocupado por migrantes quechuas y aymaras, que llegaron a colonizar distintos puntos del país, atraídos por una “selva virgen, que cubre las montañas, donde están los ricos Yungas de Arepucho, (lugar) donde se produce la coca más famosa de Bolivia, por su calidad y su tamaño diminuto”, describe el historiador Jorge Ovando Sanz.
Desde la creación del área protegida —según el diagnóstico ambiental de 2016— la presencia de asentamientos humanos fue un tema a debatir, debido a que legalmente, la categoría de Parque Nacional (PN) en Bolivia no permite actividad humana alguna. Frente a ello, en 2001, un acuerdo entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y los sindicatos de cocaleros legales permitió una delimitación preliminar de ocho zonas dentro del parque, dejando el 80 % del territorio como protección estricta, demarcado por una “línea roja”.
Un acuerdo que se dejó de cumplir en 2016, con el inicio de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, mediante el cambio de categoría, de “protección estricta” a “zona de uso especial”. El argumento fue que se trataba de “una obra de interés y prioridad nacional”.
Un destino incierto
Pese a la profundización de las amenazas, el biólogo Saúl Altamirano, quien trabaja actualmente en el lugar, asegura que el área está “bastante bien conservada”. Sin embargo, los riesgos de que pierda la categoría de Parque y se convierta en ANMI, permitiendo o legalizando los asentamientos irregulares y los nuevos caminos, son latentes.
Al cierre de este reportaje, el Sernap analizaba un plan de manejo o istración que fue elaborado “en escritorio y no en campo, como debió realizarse”, denunció a Mongabay Latam un experto que conoció el proceso de adjudicación. Uno de sus temores era precisamente la “rezonificación” o serios cambios en las zonas de protección estricta y aquellas donde está permitido algún tipo de actividad humana controlada.
Por su parte, Nivardo Rivera, director de la Udestro, aseguró que la meta de erradicación de coca ilegal solo será posible si la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) recibe apoyo logístico, como helicópteros y alimentación. Por lo pronto, las oficinas de la repartición en Villa Tunari, municipio del trópico cochabambino al que también pertenece el parque Carrasco, están tomadas desde agosto último por cocaleros de las seis federaciones, quienes reclaman el derecho de consensuar la designación de autoridades. Mientras ello no suceda, no permitirán “ni erradicación ni racionalización”.
En la zona, lo que se conoce entre habitantes de las comunidades es que se hicieron acuerdos verbales con alcaldes de los municipios a los que pertenece el área protegida para abrir más caminos, por lo menos hasta antes de las elecciones generales, debido a la incertidumbre sobre quién será el nuevo gobernante del país.
Actualmente, muchas de las decisiones en el parque dependen del momento político que vive el país. Fuentes consultadas sobre erradicación de coca ilegal aseguraron que no se hará énfasis en ello, por lo menos hasta el 17 de agosto, fecha de las elecciones generales. En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien había prometido declarar a Carrasco libre de coca ilegal, renunció a su cargo, para postular a la presidencia por el actual partido en poder, Movimiento Al Socialismo. El cambio intempestivo del director del Sernap tampoco cayó bien entre activistas y ambientalistas, ya que se presume se dio para dar vía libre a irregularidades en el tiempo que le queda a los actuales gobernantes.
Mientras las rutas ilegales se multiplican y la frontera de la coca se amplía en silencio el “banco natural de agua” está cada vez más perforado por nuevas amenazas. El año pasado ya se registraron incendios forestales en zonas de alta humedad y contaminación de aguas por uso de agroquímicos para mejorar la producción de la coca ilegal y el narcotráfico. Al cierre de este reportaje, Mongabay Latam todavía esperaba respuesta del Sernap y la Dirección del Parque.
Imagen destacada: Una fuente en territorio, a la que protegemos por seguridad, nos proporcionó está imagen de una de las vías ilegales abiertas dentro del parque Carrasco. Foto: Cortesía comuneros locales.
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