- El asesinato de dos defensores ambientales en Perú ha puesto en evidencia el avance de actividades ilegales en su zona de amortiguamiento.
- Ambos compartían su cosmovisión espiritual orientada a la protección de la Reserva Comunal Amarakaeri.
- Los harakbut habitan el sur amazónico de Perú y durante una década intentaron escapar de la criminalidad organizada por el avance del narcotráfico y la minería ilegal.
- Ahora, aceptaron su realidad, están siendo invadidos, pero siguen luchando por justicia.
La noche del 19 de abril de 2024, la comunidad nativa de Queros, en la zona amazónica de la región Cusco, quedó silenciada por el temor. Uno de los de una familia harakbut, un pueblo espiritual que vive en el sur amazónico de Perú, había sido asesinado. La violencia que por años parecía lejana alcanzó a quienes han dedicado su vida a defender el bosque. Desde entonces, el temor y la incertidumbre se han instalado en comunidades que fueron históricamente guardianas del territorio y de la Reserva Comunal Amarakaeri.
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Victorio Dariquebe Gerawairey, de 58 años, murió como consecuencia de un impacto de bala en el pecho. “El caso ha sido declarado complejo por la Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos e Interculturalidad de Cusco porque hasta el momento los dos presuntos perpetradores no han dado más detalles de los móviles”, afirmó a Mongabay Latam Edison Aucaylle Pacheco, comisionado de la Defensoría del Pueblo de Cusco.
“Lo que creemos es que la minería ilegal estaría detrás de la muerte del guardaparque porque tenía amenazas de muerte por su trabajo en la Reserva Comunal Amarakaeri. Sin embargo, el lugar donde vive tiene presencia de cultivos ilícitos”, aseguró el funcionario, en referencia a la extensión del narcotráfico en la zona.
Luego de seis meses, en octubre de 2024, cuando los harakbut aún permanecían en duelo por el ‘tío Víctor’, apareció muerto Gerardo Keimari, vigilante de la comunidad Shipetiari, ubicada en la ruta turística al Parque Nacional Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri.
El cuerpo fue encontrado en el río por su hermano. En la comunidad, lo recuerdan con dolor: “Él apoyaba a la comunidad en sus tiempos libres. Siempre era atento y amable, trabajaba con los turistas que venían a visitar la zona. Lo asesinaron para silenciarnos, para no reclamar nuestro derecho a la tierra. Ahora todos tenemos miedo, ya no podemos salir al bosque por temor a encontrarnos con los invasores”, dijo un integrante de su pueblo que pidió la reserva de su identidad.
Gerardo tenía la labor de monitorear bosques y alertar sobre parches de deforestación. Él, junto con otros 16 vigilantes indígenas, ya contaba con medidas de protección, tras ser atacados en julio por invasores de tierras. En ese entonces, el Gobierno Regional de Madre de Dios realizaba la georeferenciación para comenzar el proceso de ampliación de terrenos a favor de la comunidad. Sin embargo, ante la inseguridad, se paralizaron los trámites de titulación.
La tierra que reclama la comunidad Shipitiari está siendo parcelada y deforestada para cultivar hoja de coca, un producto ancestral en Perú, pero que desde la década de 1970 es usado para la producción de cocaína. Según los datos de Devida, tras la pandemia de 2020, los cultivos ilícitos se han incrementado en un 30 %, alcanzando su pico más alto con más de 2000 hectáreas. La zona tiene un alto flujo de turistas extranjeros porque está en medio de dos áreas protegidas. Ahora los indígenas conviven con la ilegalidad y el turismo.
La reserva con pueblos aislados
Queros y Shipetiari se encuentran a 64 kilómetros de distancia por río y ambas son beneficiarias de la Reserva Comunal Amarakaeri porque lucharon por su creación desde 1986, junto a otras ocho comunidades de los pueblos harakbut, yine y machiguenga. La muerte de ambos líderes causó terror, pero también sed de justicia.
En la Reserva Comunal Amarakaeri, un área protegida de 402 335 hectáreas en Madre de Dios, existen pueblos indígenas en aislamiento (PIA). Además, la reserva está dentro de la zona de influencia del Parque Nacional Manu y la Reserva Territorial Madre de Dios. Todas estas áreas son parte del corredor biológico del sur amazónico de Perú, donde se preservan especies silvestres, como jaguares, nutrias gigantes y otras en peligro de extinción, además de diversos tipos de bosques.
Los mashco piro son uno de los PIA que se desplazan por Amarakaeri. Sin embargo, la expansión de los cultivos ilícitos, además de la presencia de los madereros y mineros ilegales, están poniendo en peligro sus vidas.
“Los invasores están deforestando el bosque para vender la madera y luego sembrar coca”, advirtió un poblador local que vive hace más de 10 años en un centro poblado cerca de la comunidad Shipiteari. “Gerardo trabajaba en un albergue turístico y tenía o con los invasores. Ellos lo culpaban de dar sus nombres para la denuncia que hizo la comunidad”, agregó.
En tanto, en la reserva piensan que el asesinato del guadaparques tiene relación con su rechazo a la minería ilegal. Una persona que ha solicitado mantener su identidad en reserva señaló que meses antes de su asesinato, Victorio habría informado ante el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas el presunto soborno que había recibido uno de sus colegas para permitir a los mineros ingresar a Amarakaeri”.
Amarakaeri es una de las diez reservas comunales que existen en Perú. Su finalidad es que las comunidades colindantes realicen el aprovechamiento de los recursos dentro del área, como la caza, pesca y extracción maderable. Sin embargo, la expansión de las actividades ilícitas en su zona de amortiguamiento pone en peligro a los pueblos indígenas en aislamiento que transitan por esa zona.
Coca, pistas y minería
A 30 metros de donde murió Victorio Dariquebe hay plantaciones ilícitas, según los datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), que ha registrado 2193 hectáreas de coca, hasta 2023, en la cuenca del río Kosñipata, en Cusco.
El análisis de datos para este reportaje, con fuentes públicas de Devida y la plataforma Global Forest Watch, revela que el centro poblado de Pillcopata y Patria, que forman parte del distrito de Kosñipata, está invadido por cultivos ilícitos. Este es el único territorio cocalero en Perú que tiene presencia constante de turistas extranjeros, a diferencia de otras zonas con presencia de criminalidad organizada.
Desde 2009 hay registros de cultivos ilícitos en esta zona de la Amazonía cusqueña. Un primer reporte consideró 340 hectáreas, las cuales se incrementaron progresivamente hasta llegar a 1550 hectáreas en 2017. Es decir, se cuadruplicaron en solo ocho años, pero luego empezaron a reducirse hasta que nuevamente la pandemia elevó las cifras.
Actualmente, el 30 % de las 2857 hectáreas de la comunidad Queros tienen cultivos de hoja de coca. Estos cultivos son procesados en pozos de maceración en la misma zona para sacar clorhidrato de cocaína para transportar al extranjero.
“Nosotros no hablamos ni nos metemos con ellos [los narcotraficantes]. Evitamos a toda costa involucrarnos porque son peligrosos. No queremos más muertes”, dijo un integrante del pueblo harakbut que pidió reservar su nombre por seguridad. El indígena confirmó que los cultivos se están incrementando agresivamente alrededor de la Reserva Comunal Amarakaeri y que esto está trayendo consecuencias sociales para las comunidades.
Con las imágenes satelitales de Global Forest Watch también se identificaron nueve pistas clandestinas que, según las fuentes locales, son usadas para trasladar cocaína a Bolivia y Brasil. La primera está a 8.5 kilómetros de la comunidad de Queros, cerca del río del mismo nombre. La segunda y tercera se encuentran dentro de la Reserva Comunal Amarakaeri, cerca de la comunidad Shipetiari, en el sector Blanco, y un cuarto aeródromo está en el mismo sector, pero fuera de la reserva, apenas a 280 metros del área protegida.
Otras cuatro pistas están en las orillas del río Manu, cerca de la comunidad Shipetiari. El cuerpo de Gerardo Keimari se encontró a 35 metros de uno de esos aeródromos ilegales.
El director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, Nicolás Zevallos, explicó que usar las playas de los ríos es más viable para el crimen organizado porque permite ocultar las pistas cuando crece el caudal y, a diferencia de los aeródromos que se encuentran en los bosques, no se requiere utilizar maquinaria pesada para construir una.
Además, hay una pista de aterrizaje que se encuentra dentro de la concesión forestal de una empresa. La existencia y actual operatividad de las nueve pistas fue corroborada en los últimos seis meses por trece fuentes, entre líderes indígenas, guardaparques y pobladores locales que viven alrededor de la Reserva Comunal Amarakaeri, pero que pidieron la reserva de sus nombres por temor a represalias en su contra.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) fue consultado sobre estas actividades ilícitas, debido a que los agricultores no tienen el permiso para producir hoja de coca en la zona, pero hasta el cierre de esta nota no se tuvo respuesta. Sin embargo, el organismo ECA Amarakaeri, co del área, confirmó la presencia de dos pistas ilegales dentro de la reserva.
En la carretera hacia la localidad de Boca Manu los cultivos ilícitos están incrementando cerca de las comunidades Shipetiari y Diamante. Sin embargo, no existen datos de cultivos ilícitos de esa zona, ya que no se realiza el monitoreo en el sector noroeste de la Reserva Comunal Amarakaeri. Los turistas también siguen esta ruta para visitar el Parque Nacional Manu.
“Estos cultivos y la presencia de foráneos incrementaron con la construcción de la carretera que va a Boca Manu. Además, el aeródromo que está en la comunidad Diamante, que si bien en 2019 tuvo permiso legal para operar, ahora está restringido por el Estado porque su jefa comunal fue acusada de apoyar al narcotráfico. Aún así siguen saliendo vuelos ilícitos”, dijo una fuente que trabaja en la zona desde hace más de 10 años, pero prefiere resguardar su identidad.
Esta carretera construida entre 2015 y 2020, que conecta los centros poblados Nuevo Edén y Boca Manu, atravesando concesiones forestales, predios rurales y la comunidad indígena de Diamante, generó la pérdida de 407 hectáreas de bosque primario, según la organización civil Conservación Amazónica (ACCA). Además, la tasa de deforestación se incrementó en un 257 % anual.
“La minería ilegal financia al narcotráfico, ambas actividades se retroalimentan. Y más en una zona como Madre de Dios, donde vemos que los cultivos están incrementando y la minería ha estado instalada en el lugar por más de dos décadas. Al narcotráfico le conviene estar aliado con la minería para el lavado del dinero, ya que es más fácil que se compre oro extraído ilegalmente que cocaína”, explicó Nicolás Zevallos, del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia.
¿Turismo blindado?
Kosñipata es el distrito por el que deben pasar los indígenas antes de llegar a las comunidades Queros y Shipetiari. La ciudad más cercana para ambas comunidades es Cusco, la capital del turismo en Perú, que está a cinco y siete horas de cada uno de los territorios indígenas, respectivamente.
En la Plaza de Armas de la ciudad Imperial, donde se ofrece la visita al Parque Nacional Manu, cuatro operadores turísticos confirmaron la presencia de cultivos ilícitos en la ruta turística que inicia en la ciudad de Cusco y termina en el centro poblado de Boca Manu, Madre de Dios. Los turistas peruanos y extranjeros pagan 650 dólares por cuatro días y tres noches de viaje. “No sucede nada si eres turista, pero igual no comentamos de este problema a nadie”, explicó uno de los trabajadores de las agencias.
La Dirección de Turismo de Cusco informó que no cuentan con datos sobre la cantidad de visitantes a la zona. Si bien el tour es ofrecido como “la visita al Parque Nacional Manu”, en realidad se recorre la zona de amortiguamiento, visitando lagunas, cuevas y albergues que están a lo largo de la carretera a Boca Colorado, porque no hay autorización para que los visitantes ingresen a las zonas protegidas.
“Si se queda hasta el viernes en la noche, verá que los bares están llenos de cocaleros. Ellos solo salen los viernes y sábados, después toda la semana es silencio por aquí. Los turistas que viajan al Manu son llevados a los albergues, recorren las lagunas y cuevas, es difícil que se percaten de la existencia de cocaleros. A un foráneo no van a atracarlo, todos guardamos silencio”, dice un transportista que recorre la vía Cusco – Kosñipata.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo fue consultado sobre el control de esta ruta turística que es ampliamente ofertada desde Cusco, pero hasta el cierre de este reportaje no se tuvo respuesta.
Miedo en Amarakaeri
“Ya no es como antes, ya no podemos salir a caminar solos. Nadie se moviliza de noche. Antes no teníamos miedo, pero ahora descansamos a partir de las 6 de la tarde, ya nadie sale solo por el bosque”, contó una lideresa indígena de la zona. Desde la muerte de Victorio, los de la comunidad no han podido descansar con tranquilidad.
La comunidad tiene la certeza de que los autores intelectuales fueron mineros ilegales, a quienes él denunció meses antes de morir. La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Cusco consiguió nueve meses de prisión preventiva para un presunto autor del homicidio de Victorio.
Líderes indígenas han solicitado mayor presencia del Estado, celeridad en las investigaciones fiscales y mayores y mejores acciones de protección para continuar su labor sin temor a represalias. La misma situación de miedo e incertidumbre se vive en Shipetiari, donde la Fiscalía aún no ha logrado identificar a los responsables de la muerte del vigilante comunal Gerardo Keimari.
La comunidad vive bajo amenaza por presuntos invasores de tierras, pero a pesar del contexto adverso, sigue firme en su compromiso con la protección del bosque y los valores culturales que lo sustentan. La Reserva Comunal Amarakaeri, reconocida como modelo de cogestión entre el Estado y pueblos indígenas, enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos desde su creación.
***Este trabajo fue realizado con el apoyo y guía editorial de Connectas
Imagen principal: el 9 de mayo la Reserva Comunal Amarakaeri cumplirá 23 años. Desde su creación, atraviesa la etapa más compleja, tras el asesinato de uno de sus guardaparque. Foto: cortesía Víctor Zea
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