- Aunque la defensa de la Amazonia ha sido una práctica milenaria por parte de los pueblos indígenas, reconocen que el proceso con la guardia indígena, que empezó hace dos décadas, ha fortalecido su ejercicio.
- La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) estima que en los tres cabildos indígenas del trapecio amazónico hay 1200 guardias.
- Ante la falta de ingresos económicos, varios indígenas, incluidos guardias, se involucran en actividades ilícitas, como el cultivo de hoja de coca en Perú o el tráfico de drogas.
- Para continuar con la protección ambiental, las guardias indígenas reclaman más apoyo estatal y esperan recibir una retribución económica por el trabajo que realizan.
A sus 74 años, Olegario Sánchez Pinto, indígena tikuna, sigue levantándose todos los días a las siete de la mañana para cumplir con las distintas labores que tiene como guardia indígena en la comunidad de San Martín de Amacayacu, a casi dos horas en lancha por el río Amazonas desde Leticia. Desde temprano y únicamente con su bastón de mando, recorre el caserío que queda en la ribera del río que lleva el mismo nombre de la comunidad.
Primero, pasa por la orilla que sirve como puerto, ese lugar por donde la gente llega o se va de San Martín. Luego, camina entre las casas para revisar si hay algún enfermo. En caso de que se presente una discusión o pelea, busca de inmediato al curaca, la máxima autoridad de la comunidad, quien se encarga de solucionar el problema o imponer sanciones, si es el caso. Ya en compañía de otros guardias, recorre las quebradas para revisar si se está cortando madera o pescando. A finales de marzo, cuenta Sánchez, también está muy pendiente de la caza: “Esta es época de embarazos, entonces no se pueden cazar animales. Por estos días no se puede matar a las dantas, porque están embarazadas. Si tú matas a un animal con barriga, es un delito para nosotros”.
Sánchez es de los guardias más veteranos que quedan en San Martín. Con el pasar de los años, ha visto cómo decenas de compañeros han abandonado la guardia indígena por falta de ingresos. “Yo no quiero trabajar gratis”, recuerda que decían. Este es un problema persistente, reconoce Jairo Vargas Mora, coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo Indígena Tikuna, Cocama y Yagua (Ticoya), que agrupa a San Martín de Amacayacu y otras 171 000 hectáreas del centro y occidente del trapecio amazónico, el extremo sur de Colombia y dónde se encuentra la triple frontera con Perú y Brasil.
En las 22 comunidades que integran Ticoya —una de las tres asociaciones de cabildos indígenas de la región—, Vargas calcula que viven unas 7 000 u 8 000 personas, pero sí tiene el dato exacto de cuántas forman parte de la guardia indígena: 364. “Aunque podrían ser poco más de 500”, agrega, si se tiene en cuenta a quienes están formándose para integrar este organismo ancestral.
Si bien Vargas, tikuna de 42 años —25 de ellos en la guardia indígena—, trata de motivar a sus compañeros para que se queden, no se puede negar que muchos se van por falta de ingresos económicos. Esta es una realidad que se extiende a lo ancho del trapecio amazónico. Varios de pueblos indígenas, que pidieron no ser identificados para no poner en riesgo su integridad, reconocen que cruzan el río Amazonas hacia Perú en búsqueda de dinero y lo mismo hacen muchos otros en sus comunidades.
Del otro lado del río más largo del mundo, se encuentra la provincia Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto. Esta es, según un informe de la ONG Crisis Group publicado en julio de 2024, el centro de producción de cocaína de ese país (y de toda la Amazonía), donde las hectáreas de cultivos de hoja de coca pasaron de 2939, en 2018, a 8613, en 2022. En medio de esas matas, los indígenas encuentran el dinero que escasea del lado colombiano.
La falta de ingresos y la migración de algunos de sus hacia las economías ilícitas es solo uno de los problemas que enfrenta la guardia indígena del sur del país.
Más de 120 guardias de 41 comunidades que están sobre los ríos Amazonas, Loretayacu, Atacuari y Amacayacu, se reunieron a finales de marzo de este año en la comunidad de Villa Andrea, a siete kilómetros al occidente de Puerto Nariño, en Colombia. La maloca de esta comunidad, ubicada sobre uno de los brazos del Loretayacu, recibió durante tres días a los guardias de las tres asociaciones del trapecio amazónico (Aticoya, Azcaita y Acitam). Hasta esa casa comunal llegaron también El Espectador y Mongabay Latam.
A lo largo de las jornadas quedó claro que, para continuar con la defensa del territorio que milenariamente han protegido y conservado, los 1200 guardias que la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) estima hay en esta región, deben sobreponerse a grandes dificultades. Estas van desde la falta de canoas o de dotación, hasta el avance de actividades ilegales y actores armados que cada vez están más cerca de sus territorios.
Para varios integrantes de la guardia, gran parte de las soluciones a estas problemáticas pasan por el fortalecimiento interno de esta organización ancestral. Otros no descartan la necesidad de que el Estado colombiano les brinde apoyo, principalmente para contener a los grupos armados y las economías ilícitas. En lo que sí coinciden todos, es en que el trabajo que realizan debería ser retribuido económicamente.
El nacimiento de la guardia indígena
Poco después de las ocho de la mañana del segundo día del encuentro, el centenar de guardias, cuyas edades van desde los 3 años hasta los que tienen más de 70, ya está formado en la cancha de Villa Andrea. Luis Alfredo Acosta, Coordinador Nacional de la Guardia Indígena de la ONIC, se apresura a organizar algunos ejercicios que hacen parte del entrenamiento físico que está contemplado en la agenda, pero que las constantes lluvias han impedido llevar a cabo.
Mientras la mayoría de sus compañeros aprenden cómo evacuar a una persona sin camilla, empleando únicamente sus brazos, Olegario Sánchez los observa desde las gradas de la cancha de microfútbol que se ha convertido, por unos minutos, en un campo de entrenamiento. Por su edad, prefiere no participar en los ejercicios físicos. Entretanto, recuerda las conversaciones que tuvo con sus abuelos cuando era joven y que despertaron su interés por ser guardia indígena, aunque en esa época, dice, no se les conociera así.
“Mi abuelo Juan Ahué nunca me dijo que hubiera una guardia, pero sí me habló de unas personas que ayudaban a las autoridades a controlar el territorio”, menciona por su parte Rosendo Ahué Coello. Este indígena tikuna de 57 años nació en los Lagos de Tarapoto, un complejo lagunar de más de 30 cuerpos de agua al interior de Ticoya, a unos minutos en lancha de Villa Andrea. “Eran familias nativas que tenían un compromiso, por mandato de ley de origen, de cuidar que el territorio no fuera perjudicado por personas ajenas”, resume Ahué, quien también se desempeña como concejal en Puerto Nariño.
Acosta, de la ONIC, sabe bien cuándo empezaron a denominar como guardia indígena el ejercicio “de protección territorial y ambiental, cuidado de la vida, protección, orden y disciplina interna” que milenariamente se ha realizado en esta región. Fue él quien lo trajo al trapecio amazónico hace 20 años, poco tiempo después de que este proceso se consolidara en la vereda El Tierrero, del municipio de Caloto, en su natal Cauca. Cuando Acosta, indígena nasa, aterrizó por primera vez en estas comunidades amazónicas, no encontró una estructura organizativa clara de quienes protegían el territorio.
La situación, sin embargo, ha cambiado en las últimas dos décadas: “A diferencia de la del Cauca, la guardia del Amazonas no ha tenido que atender temas de conflicto armado, por eso se ha enfocado en todo lo ambiental. Eso les ha permitido consolidar internamente sus comunidades”, asegura Acosta.
Los pueblos indígenas que conservan y reforestan la selva
En la última década, las alertas sobre el punto de no retorno de la Amazonia se han vuelto constantes. Se trata, en pocas palabras, del momento en que el bosque húmedo tropical más grande del mundo colapsaría, parcial o totalmente. Esto tendría serias implicaciones, considerando que alberga el 10 % de la biodiversidad del planeta, almacena una cantidad de carbono que equivale a entre 15 y 20 años de emisiones globales de CO₂ y es una región clave para la estabilización del sistema climático mundial, entre otras muchas razones.
Ese punto de no retorno, se ha estimado para mediados de siglo, de acuerdo con un estudio científico publicado en la revista Nature en febrero de 2024. Para evitar llegar a él , varios investigadores que integran el Científico por la Amazonía —la primera iniciativa científica regional de alto nivel que se enfoca en este bioma— publicaron, en diciembre de 2023, las nueve estrategias que deberían aplicarse. Además de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y poner fin a la deforestación, las dos principales causas del estrés del sistema amazónico, los científicos proponen “crear y mantener áreas protegidas y territorios indígenas”. Entre otras razones que exponen es que “es una acción efectiva y de bajo costo que contribuye significativamente a reducir la deforestación y los incendios forestales”.
El caso de la Amazonia colombiana (Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía y partes de Nariño, Cauca, Meta y Vichada) es muestra de ello. De las más de 50 millones de hectáreas que ocupa esta región en el país, los 64 pueblos indígenas que la habitan poseen cerca de 25 millones de hectáreas. Sus territorios mantienen el 58 % de los bosques de la región y, de acuerdo a un estudio publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en 2019, los pueblos indígenas mantenían el 98 % de la cobertura forestal de sus territorios.
Pese a estos buenos resultados generales, las problemáticas ambientales son constantes al interior de los resguardos indígenas del trapecio amazónico. En una visita en 2020, Sergio Martínez, coordinador de proyectos de la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), una organización que trabaja por el respeto y protección de los pueblos indígenas, adelantó un inventario de los árboles maderables. Lo hizo en varias de las 41 comunidades que están sobre los ríos Amazonas, Loretayacu, Atacuari y Amacayacu, con las que la ONG lleva trabajando más de tres décadas.
En compañía de la guardia indígena y de los niños y adolescentes de las comunidades, Martínez notó que varios de los resguardos estaban comprando el acapú, aceituno, castaño o la quinilla, con los que fabricaban las casas y canoas, y que años atrás extraían de sus propios terrenos. “Hicimos cálculos y encontramos que más o menos tenían inventarios como para unos cinco a siete años”, apunta Martínez. Hace 20 años, continúa el coordinador de proyectos de FUCAI, para una casa de 70 metros cuadrados se utilizaban, más o menos, tres árboles. Ahora, para casas más pequeñas, de unos 40 metros cuadrados, se usan hasta siete árboles. “Esto nos indujo a pensar que las comunidades estaban cortando los árboles antes de tiempo para tener madera porque no hay suficientes árboles [maduros]”.
Desde entonces, FUCAI y los guardias indígenas iniciaron un proceso de reforestación que ya ha dejado importantes resultados y que ha buscado mejorar la cobertura forestal en áreas degradadas. Sin manejar viveros, sino bancos de semillas que están bajo los árboles madre, el trabajo se ha centrado en las cuatro especies maderables que más usan las comunidades. Además, siembran las palmas de açai, aguaje (moriche), bacabas, o plantas medicinales como el cedro, cuya corteza ha sido utilizada para tratar la malaria, y el chachajo, útil para el dolor de cabeza, la fiebre o el vómito. En estos cinco años, ya han empezado procesos de reforestación en más de 500 hectáreas.
Este proceso se suma a otro que arrancó la ONG en 2009 y que buscó reforestar áreas degradadas a través de la agricultura ancestral indígena o, en otras palabras, de la chagra. En estas áreas de cultivos FUCAI logró aumentar la diversidad de especies, pasando de entre tres y seis, a entre 60 y 120. Con las intervenciones que realizaron en comunidades de Colombia, Brasil y Perú, la fundación estima que ayudaron a reforestar más de 5800 hectáreas, al tiempo que las familias se autoabastecen en un 85 % de las chagras.
En total, calculan desde la organización, en estos 14 años han sembrado más de 430 000 plántulas de especies maderables y unas 650 000 de especies frutales de aproximadamente 110 especies distintas. En los últimos cinco años, el monitoreo lo adelantan los guardias indígenas planta por planta, en el cual revisan el estado general de la planta. Cuando las plántulas cumplen un año de haber sido sembradas, la organización pasa a realizar el control del proceso a través de imágenes satelitales. Gracias a esta combinación de métodos, asegura Martínez, tienen un 75 % de efectividad en la reforestación que han acompañado.
Las limitaciones de la guardia indígena
Con el regreso de la lluvia a Villa Andrea, los guardias indígenas se trasladan a la maloca. La jornada en la casa comunal, que se extiende hasta pasadas las cinco de la tarde, interrumpida solo por un par de horas para almorzar, se torna, por momentos, en una clase dirigida por Luis Alfredo Acosta. En otros tramos, la conversación se dinamiza cuando varios de los integrantes de este “cuerpo de resistencia”, como lo define Acosta, toman la palabra para manifestar las problemáticas que viven en sus territorios.
En los Lagos de Tarapoto, la comunidad de Ahué Coello, la preocupación de los últimos años se centra en el aumento del turismo y la falta de capacidad para hacer cumplir los acuerdos de pesca. “No estamos exigiendo al pescador que cumpla con los reglamentos ni con los requisitos”, reconoce el guardia indígena durante la reunión en la maloca. “Por ejemplo, ¿cuántos peces está cogiendo para su sustento y cuántos para comercializar? Tampoco revisamos las tallas o el material con el que están pescando”, agrega. Mientras tanto, la llegada de hasta 24 000 turistas al año, según cifras de la Secretaría de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte de Puerto Nariño, genera disputas entre las comunidades, pues desborda las capacidades de regulación de los guardias.
Las problemáticas que enfrenta la guardia indígena en Lagos de Tarapoto son similares a las que viven las demás comunidades del trapecio amazónico. Para empezar por lo más básico, dice Mora, coordinador de esta estructura en el Resguardo de Ticoya, hace falta dotación: uniformes, botas, linterna, machete y un radio para comunicarse. Otra de las debilidades que se evidencia en el extremo sur del país, agrega Acosta, tiene que ver con el medio de transporte para los guardias. “A veces no tienen en qué moverse”.
Eso fue lo que le pasó a la guardia indígena de la comunidad de San Pedro de Tipisca, en el occidente del trapecio, a solo cuatro kilómetros de la frontera con Perú. Este año, así como el pasado, cuenta Sirley Valentin Laurí, la curaca de la comunidad, se presentó una gran mortandad de peces en el caño que conecta a su territorio con el de Tierra Amarilla, del otro lado de la frontera. “Yo hablé con el curaca de allá, porque el comentario era que los hermanos peruanos estaban echando veneno. Queríamos ir a ver, pero no teníamos combustible”.
A estas dificultades prácticas y materiales, se suman las amenazas producto de las dinámicas de violencia armada en el departamento y la triple frontera. Según la Defensoría del Pueblo, en respuesta a un cuestionario enviado por El Espectador y Mongabay Latam, la posición privilegiada del departamento de Amazonas, por su conexión con Perú y Brasil, así como por la riqueza de sus recursos naturales, se ha convertido en un foco de interés de los grupos armados y el crimen organizado. Pretenden “el control de circuitos de minería ilegal de oro, rutas para el tráfico de estupefacientes, aprovechamientos ilícitos de recursos maderables, entre otras prácticas que buscan el control social, territorial y de los recursos naturales por vías armadas”, sostuvo la Defensoría del Pueblo.
Según iten varias de las fuentes consultadas en este reportaje, ante la falta de ingresos económicos algunos de las comunidades, incluyendo varios guardias, se están involucrando en estas actividades ilícitas.
Pese a la complejidad del panorama, todos los líderes indígenas consultados coinciden en que buena parte de la solución, aunque no la única, pasa porque el Gobierno Nacional, así como el gobierno departamental y los municipales, inviertan más recursos en el fortalecimiento de las guardias indígenas del trapecio amazónico. Eso pensaron que iba a suceder con un decreto que el presidente Gustavo Petro firmó en octubre de 2024 y que los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana llevaban esperando por más de 30 años. Allí se establecieron las normas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental.
La normativa, que fue celebrada por el movimiento indígena y varias ONG, y criticado por las autoridades ambientales regionales, “ratifica el ejercicio de control ambiental que han llevado a cabo los pueblos indígenas, a través de las guardias, desde hace mucho tiempo”, sintetiza Acosta en la maloca de Villa Andrea, donde aprovecha para hacer pedagogía sobre esta nueva normativa.
Sin embargo, desde que se expidió, se identificó una falla: la falta de presupuesto específico para el fortalecimiento de esas autoridades ambientales indígenas. Por eso, indígenas como Ahué Coello temen que el decreto se convierta en un papel más. Es por eso que Acosta está trabajando en la formulación de un proyecto que presentará al Ministerio de Ambiente para que las guardias puedan recibir financiación.
Mientras se consolida esa propuesta, Coello hace un llamado desde la maloca. Si bien destaca la necesidad de que el Estado apoye ese proceso, le pide a sus compañeros fortalecer internamente la guardia indígena en cada una de las 41 comunidades para no perder autonomía ni el poder del gobierno propio del que gozan los resguardos.
“Nosotros no creemos que las comunidades indígenas, que ahora llamamos guardianes de la selva, tengan que trabajar gratis, sino que hay que pagarles por cuidar este bioma” concluye Martínez, de FUCAI. “El servicio que están prestando no es cualquier cosa”.
*Este reportaje es una alianza periodística entre El Espectador y Mongabay Latam.
**Ilustración de portada: Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública.
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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.
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