- Seis federaciones indígenas de la zona del Putumayo, en Loreto, en la Amazonía peruana, reclamaron ante los obstáculos que ha impuesto el Estado para la creación de áreas de conservación regionales.
- El cuestionamiento surge porque el organismo encargado de la tarea, Serfor, derogó una disposición que permitía la creación de áreas de conservación aún cuando estas estuvieran superpuestas a ecosistemas frágiles.
- Los 24 gobiernos regionales del país también publicaron un pronunciamiento para cuestionar la decisión del Serfor.
- Tres propuestas de áreas de conservación en Loreto han sido afectadas por esta medida, incluida una en la etapa final para su creación.
La propuesta para la creación del Área de Conservación Regional (ACR) Medio Putumayo Algodón surgió hace diez años, en 2015, cuando seis federaciones indígenas de la zona del Putumayo en Perú —frontera con Colombia— empezaron a buscar una forma de proteger sus territorios ancestrales.
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Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), las áreas de conservación regional son áreas naturales protegidas, que son propuestas y gestionadas por los gobiernos regionales y permiten el desarrollo de actividades económicas sostenibles, por tanto, en ellas está permitido el aprovechamiento directo y la extracción de recursos naturales. Al igual que el resto de figuras de áreas naturales protegidas, las ACR son patrimonio de la Nación y se establecen con carácter definitivo a través de un decreto supremo.
La ACR Medio Putumayo Algodón no fue la única propuesta que surgió de esta búsqueda: el Área de Conservación Regional Ere Campuya Algodón y la Reserva Comunal Bajo Putumayo Yaguas también se sumaron a la lista de las zonas que los pueblos indígenas de Loreto procuraban conservar.
Para noviembre de 2023, se culminó el proceso de consulta previa para la creación de la ACR Medio Putumayo Algodón y para 2024 la propuesta llegó a la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV), encargada de Sin embargo el proceso ha quedado detenido pues en esta última instancia encontró objeciones presentadas por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). La CCV es una instancia formada por los viceministros de todos los sectores que tiene entre sus funciones analizar los temas, informes, proyectos de ley, decretos supremos y legislativos.
En un memorial enviado a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y a otros 11 funcionarios del Estado, entre ministros y directores de instituciones estatales, entre ellas Serfor, las seis federaciones indígenas del Putumayo que buscan la creación de estas áreas protegidas manifiestaron “su malestar y protesta ante los obstáculos que viene imponiendo el Serfor”. La Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (Feconafropu), la Federación Indígena Kichwa Murui del Medio Putumayo (Fikimmep), la Federación de Comunidades Nativas Maijunas (Feconamai), la Organización Indígena del Bajo Putumayo y Río Algodón (Oimpra), la Federación de Comunidades Indígenas del Bajo Putumayo (Fecoibap) y la Organización de Comunidades Indígenas del Bajo Putumayo y Río Yaguas (Ocibpry) firmaron este memorial.
Al reclamo de los pueblos indígenas se ha sumado la protesta de los 24 gobiernos regionales del país, que mediante un comunicado manifestaron su “profunda preocupación ante la oposición” del Serfor al establecimiento de las Áreas de Conservación Regional (ACR) “que presentan superposiciones con ecosistemas frágiles”. Para los gobiernos regionales el organismo se “fundamenta en argumentos técnicos y legales incorrectos”.
El reclamo de los pueblos indígenas
El reclamo de pueblos indígenas y gobiernos regionales se debe a que Serfor derogó, recientemente, un artículo que formaba parte de los Lineamientos para la identificación de ecosistemas frágiles. Mediante esta disposición, Serfor podía modificar la lista de ecosistemas frágiles cuando se estableciera una nueva área protegida que coincidiera en el mismo espacio geográfico.
Las federaciones indígenas informaron, mediante el memorial, que el año 2024 se gestionaron dos pedidos de concesiones en los territorios del medio y bajo Putumayo, en la zona propuesta para las áreas de conservación regional. Ante este pedido, el gobierno regional respondió que no era posible otorgarlas debido a los pedidos de las áreas protegidas. “Consideramos que el establecimiento de otras figuras de conservación fuera del alcance de las comunidades nativas y istradas por privados va a generar un conflicto social pues se estaría vulnerando los territorios ancestrales de los pueblos indígenas”.
El biólogo Freddy Ferreyra, coordinador de la Cuenca del Putumayo del Instituto del Bien Común (IBC) señala que Serfor derogó el artículo en mención con el propósito de buscar otras alternativas como son las concesiones de conservación y las concesiones forestales. “Se crearía un problema social porque las concesiones se entregan a un concesionario particular y las comunidades no tendrían a sus recursos ni a sus territorios”.
El reclamo de las federaciones sobre el posible establecimiento de concesiones se condice con lo que indica Serfor en una nota de prensa del 15 de mayo. En el comunicado la entidad estatal menciona “una nueva estrategia de gestión integral para proteger el 100 % de las áreas declaradas como ecosistema frágil, donde se podrá entregar uno o varios títulos habilitantes, autorizaciones y permisos compatibles con la conservación de estos ecosistemas”.
De acuerdo con el concepto del mismo Serfor, los ecosistemas frágiles son áreas de alto valor de conservación, con una gran riqueza en especies de flora y fauna silvestre, donde se encuentran especies amenazadas y endémicas, con hábitats en buen estado de conservación que brindan servicios ecosistémicos en beneficio de la población local. Las comunidades campesinas y nativas que albergan ecosistemas frágiles realizan el uso tradicional y sostenible del recurso forestal y de fauna silvestre dentro de estos espacios.
Ferreyra, del Instituto del Bien Común (IBC) señala que las “áreas naturales protegidas se complementan perfectamente con los ecosistemas frágiles”. El biólogo agrega que la justificación de Serfor es que “con las áreas naturales protegidas no se estaría asegurando una buena gestión de esos ecosistemas frágiles” y que, por el contrario, “se estaría dividiendo el ecosistema, dejando una parte en las comunidades nativas y otras partes en el área natural protegida”. El IBC acompaña desde el inicio las propuestas de creación de estas áreas naturales protegidas.
Tienen un sustento “irrisorio”, no tan técnico, dice Ferreyra, pues sabiendo muy bien que las comunidades nativas, al menos en el Putumayo, han sabido conservar sus recursos, han sabido mantener y cuidar estos ecosistemas. Serfor, en cambio, nunca ha ido a la zona para informar sobre cómo se deberían gestionar esos ecosistemas.
En el memorial de los pueblos indígenas también se cuestiona el argumento de Serfor para oponerse al establecimiento de estas áreas naturales protegidas. El organismo señala que estas áreas ponen “en riesgo la gestión integral del ecosistema al fragmentarlo y dificultar la entrega de títulos habilitantes como concesiones de conservación y bosques locales”. El documento de respuesta también indica que pese a que estos ecosistemas frágiles han sido establecidos desde 2019, “nunca se ha conocido en el Putumayo la presencia de Serfor para informar, dialogar ni gestionar estos territorios. Por el contrario, estas tierras vienen siendo invadidas por madereros ilegales”, sostienen las organizaciones indígenas.
El comunicado de las federaciones también precisa que las áreas de conservación regionales y las reservas comunales “son figuras legales”, que les permiten gestionar los territorios ancestrales junto con el Estado, ya sea con el gobierno regional o con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). En ese sentido, mencionan que los pueblos indígenas pueden establecer un sistema de vigilancia indígena para asegurar la integralidad de los territorios ancestrales y que además permita usar los recursos de manera sostenible. “El ACR y la reserva comunal son figuras compatibles con los ecosistemas frágiles al igual que los territorios de las comunidades nativas, entonces, estos ecosistemas están más que salvaguardados”, afirman.
“Las comunidades nativas han dialogado de manera participativa con el Estado. Y saben que las figuras legales que les permiten acceder al territorio son las ACR y las reservas comunales”, comenta Ferreyra.
El biólogo del IBC agrega que la solicitud de las dos áreas de conservación regional y la reserva comunal en el Putumayo fue una iniciativa de los pueblos indígenas. También menciona que para la ACR Medio Putumayo Algodón ya se tiene listo el decreto supremo para su creación y está a la espera de su debate en la comisión de viceministros. En el caso de la Reserva Comunal Bajo Putumayo Yaguas se culminó el proceso de consulta previa en abril pasado, mientras que el Área de Conservación Regional Ere Campuya Algodón está a la espera de entrar en consulta previa a mediados de este año.
Ferreyra también recuerda que con el establecimiento de estas nuevas áreas de conservación se fortalecerá la conectividad ecológica con otras áreas naturales protegidas como el Parque Nacional Yaguas y el ACR Ampiyacu Apayacu.
En total son 51 comunidades amazónicas de Loreto las que han aportado por estos modelos de conservación, 16 comunidades para la ACR Medio Putumayo Algodón; 13 comunidades en el caso de la Reserva Comunal Bajo Putumayo Yaguas; y 22 comunidades en la ACR Ere Campuya Algodón.
En su memorial, las comunidades exigen que se establezca, con celeridad, la ACR Medio Putumayo Algodón, pues su establecimiento mejorará los ecosistemas vigentes y prevendrá actividades como la caza indiscriminada y la tala ilegal. Además, menciona el documento, será un avance para el país del cumplimiento de la meta 3 de compromiso Kunming Montreal en el marco del Convenio de Diversidad Biológica así como garantizar la gestión efectiva del ecosistema frágil Ere Putumayo Cotuhé, que se encuentra en esta zona de Loreto.
La protesta de las regiones
“Tuvimos una reunión de gerentes ambientales en Arequipa y elaboramos un memorial que lo dirigimos directamente al Serfor para que pueda evaluar los informes técnicos que hemos emitido y que pueda mejorar sus criterios”, dice el ingeniero Roberto Ruiz, gerente regional del Ambiente del Gobierno Regional de Loreto, institución que promueve la creación de las áreas de conservación regional.
Ruiz se refiere al pronunciamiento emitido por los gobiernos regionales en el que se cuestiona la decisión del Serfor. En ese documento, los 24 firmantes señalan que las ACR “contribuyen al desarrollo sostenible de las poblaciones locales y contribuyen al cumplimiento de metas y compromisos nacionales en materia de diversidad y cambio climático”.
En el pronunciamiento los gobiernos regionales también exigen al gobierno central que cesen las observaciones a los procesos de creación de la áreas de conservación regional en ecosistemas frágiles debido a que se está “desnaturalizando su propia normativa sectorial y vulnerando las competencias de otros niveles de gobierno”.
La reacción de todos los gobiernos regionales del país se debe a que esta decisión de Serfor complicaría la creación de áreas de conservación regional que ya están en proceso en varios de los departamentos del país, así como las nuevas propuestas que puedan surgir.
“No solo debemos pensar como institución, sino que debemos pensar como país y ver el beneficio de todos para que se pueda conservar ese tipo de ecosistemas o la biodiversidad que está dentro”, comenta Ruiz.
El gerente del Ambiente de Loreto también señala que son varios los gobiernos regionales que enfrentarían el problema de superposición de propuestas de ACR con ecosistemas frágiles. “Son más de siete regiones que están en problemas y muchas más aún las propuestas que tienen este inconveniente. Por lo menos 20 propuestas estarían en riesgo”.
Proyectos como las ACR como Chontabamba-Huancabamba, en Pasco; Lomas y Tillandsiales, en Tacna; Osomayo Milpo, Yanajanca y San Pedro de Chonta, en Huánuco; Otorongo Pampa Lazo y San Cristóbal de Pucuta Menkori, en Junín; Velo de la Novia, en Ucayali; y Vilaya-Condorpuna-Shipago en Amazonas son algunas de las propuestas que se podrían ver afectadas.
Ruiz señala que el gobierno regional de Loreto ha enviado una contrapropuesta al Serfor para que, de manera excepcional, se concluya el proceso de creación para la ACR Medio Putumayo Algodón, cuya decisión se encuentra en la comisión de viceministros. “Han pasado muchos años para llegar a esta etapa en la que se encuentra el expediente técnico. Y ahora se está entorpeciendo una gestión de comunidades que tienen la esperanza de que el establecimiento de esta área pueda mejorar sus condiciones de vida y puedan aprovechar de manera sostenible los recursos que tienen”.
Ruiz hace hincapié en que el establecimiento de una ACR significa la cogestión del territorio. “Es la articulación entre las comunidades y el gobierno regional, donde las comunidades organizadas y sus comités de vigilancia realizan actividades de patrullaje y son ellas mismas las que ayudan a proteger su propio territorio y gestionar de manera efectiva los recursos”.
Mongabay Latam solicitó a Serfor su versión sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron. Sin embargo, en la nota de prensa publicada el 15 de mayo, la entidad estatal señaló que “mediante un modelo de gestión integral que incluye la participación activa de los gobiernos regionales y locales, comunidades indígenas y productores organizados, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) reforzará la istración de los ecosistemas frágiles que conforman la Lista Sectorial en todo el país”.
Imagen principal: Pueblos indígenas del Putumayo solicitan la creación del Área de Conservación Regional Ere Campuya Algodón. Foto: Instituto del Bien Común.
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