- Comunidades de la comarca Ngäbe-Buglé, que concentra la mayor población indígena de Panamá, han denunciado violaciones a derechos humanos.
- Se enfrentan al Estado ante la posible reapertura de la mina de cobre suspendida por la Corte Suprema en 2023 y denuncian agresiones con arma de fuego y detenciones arbitrarias.
- El gobierno de José Raúl Mulino ha dado señales de negociación con First Quantum Minerals, propietaria de la mina, para una posible reapertura.
- Defensores de derechos humanos ven un riesgo para el Estado de Derecho que el gobierno de Panamá busque ignorar una sentencia de la Corte Suprema y la voluntad de las comunidades indígenas.
Líderes indígenas y defensores del territorio en Panamá han denunciado agresiones, intimidación y detenciones arbitrarias en medio de las protestas que ocurren a nivel nacional por la posible reactivación de la mina Cobre Panamá, suspendida por la Corte Suprema de Justicia en 2023.
Esta no es la única causa que ha provocado la movilización en las calles. La publicación de la Ley 462, que reforma la seguridad social, y un acuerdo con Estados Unidos que le permite incrementar la presencia y actividad de su ejército en el país centroamericano han generado una ola de manifestaciones contra el gobierno de José Raúl Mulino, que inició su mandato en julio de 2024.
En la comarca Ngäbe-Buglé, que concentra la mayor población indígena de Panamá, los integrantes de sus comunidades han salido a protestar de manera pacífica contra la posible reapertura de la mina, propiedad de la canadiense First Quantum Minerals, así como contra la reforma al sistema de pensiones y el pacto de seguridad con Estados Unidos.
Tras semanas de protestas en las calles, la respuesta, aseguran, han sido las detenciones arbitrarias, agresiones físicas e intimidación al salir a las calles.
Defensores del territorio agredidos e incluso detenidos tras protestar en Panamá cuentan a Mongabay Latam el clima de violencia que viven mientras resisten ante una posible reapertura minera.
Violencia contra estudiantes y defensores indígenas
Mary Acosta Pinilla, defensora indígena con más de 20 años de trabajo por los derechos ambientales y habitante de la comunidad de El Piro, denunció cómo integrantes de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) entraron a esta comunidad dentro de la comarca Ngäbe-Buglé para detener y agredir a quienes participaron en las manifestaciones del pasado 14 de mayo.
La defensora cuenta que los agentes de seguridad han entrado a las casas a realizar cateos presuntamente ilegales, lanzando gases lacrimógenos para dispersar las manifestaciones pacíficas y disparando armas de perdigones contra la población.
Uno de esos proyectiles dio en Caleb Bejarano, estudiante indígena ngäbe de la Universidad de Panamá y familiar de Acosta, quien recibió el impacto en el estómago durante la madrugada del 15 de mayo, a orillas de la carretera Panamericana. Fue cuando se encontraba en una vigilia pacífica contra la aprobación de la nueva ley de seguridad social, de acuerdo con sus familiares.
“Su delito fue manifestarse pacíficamente y decir que no está de acuerdo con la Ley de la Caja del Seguro Social, que no está de acuerdo con la minería ni con el memorándum que firmó Panamá con Estados Unidos porque eso es vender y entregar la patria”, sostiene Acosta.
Estos actos, agrega la defensora, se han registrado en otras comunidades indígenas dentro de la comarca Ngäbe-Buglé, una región istrativamente autónoma, que se formó precisamente ante las amenazas de la explotación de los recursos naturales y la degradación ambiental.
Acosta señala que las agresiones contra las personas indígenas ha ocurrido en las comunidades de Ojo de Agua, Trinidad, Viguí, Tolé, San Félix y Horconcito.
“Usaron helicópteros, corretearon a la gente, le tiraron gases a toda la comunidad. Persiguen de casa en casa. Ya no están en la entrada, sino que han entrado a la comarca”, expone la defensora.
Pese a que la Universidad de Panamá ha condenado el ataque contra Bejarano y ha pedido que se investigue el hecho, el Ministerio de Seguridad no ha emitido información y tampoco ha asumido responsabilidad en el caso.
Días antes de este ataque, el 5 de mayo, el defensor y poeta Esteban Binns Carpintero fue detenido por el Senafront sin que se le informara el motivo y en medio del desalojo de protestas en la comunidad de Tolé, mientras el activista realizaba una transmisión de la manifestación.
“Yo estaba en un paso elevado haciendo la transmisión, viendo cómo los estamentos de seguridad policial antidisturbios le estaban disparando a los manifestantes”, relata Binns quien dijo que lo rodearon 50 unidades del servicio fronterizo y aeronaval de Panamá.
“Demoraron casi cuatro horas tratando de hacer un informe (de los cargos en su contra), pero como no había causal, ellos tuvieron que liberarme por orden de una jueza de Tolé”, expone.
Aunque el defensor dijo no haber sido agredido físicamente, cuenta que otros defensores y activistas indígenas no han corrido con la misma suerte.
“A una compañera le destruyeron el brazo por un impacto directo de un policía antidisturbios. Hay compañeros que están sin ojo porque les impactaron en el rostro”, sostiene Binns.
Acosta estima que en estos días de protestas hubo más de 100 personas heridas entre las comunidades indígenas.
Pese a que las autoridades panameñas no han reconocido estas agresiones o dado información sobre estos hechos, la Defensoría del Pueblo —institución autónoma— informó que mantiene seis investigaciones abiertas a nivel nacional por posibles violaciones a derechos humanos.
De acuerdo con el organismo, estas investigaciones “están en proceso de recolección de evidencias”, como parte de un informe preliminar. Sin embargo, llamaron a las fuerzas de seguridad a “mantener el uso proporcional y diferenciado de la fuerza” durante los desalojos de vías bloqueadas.
Defensores de la comarca Ngäbe-Buglé proporcionaron a Mongabay Latam videos y fotografías de algunas de las agresiones que lograron documentar tras las protestas en Panamá.
Este medio también solicitó al Ministerio de Seguridad información sobre las posibles violaciones a derechos humanos registradas y su investigación, sin que hasta ahora exista respuesta.
La disputa por la mina más grande de Centroamérica
Cuando la Corte Suprema de Panamá invalidó la concesión que permitía la operación de la mina Cobre Panamá —la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica— sostuvo que se violaban varios principios constitucionales como el derecho a la salud, a un medio ambiente sano o a un desarrollo sostenible, y que estos prevalecen sobre cualquier derecho económico.
Previo a esta decisión, decenas de miles de personas tomaron las calles para exigir el cierre de la mina, generando las protestas más grandes en Panamá en 30 años. Ahora las protestas vuelven, pero ante señales de una posible reapertura que ha dado el gobierno de Mulino.
Una de ellas ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando el Presidente informó la autorización de extracción de concentrado de cobre para procesar el producto en el extranjero. Esto, además de autorizar la operación de la planta termoeléctrica de la empresa.
“Ese material se estaba desperdiciando, sobre el cual este país tiene dinero invertido que tienen que reembolsarse una vez sea procesado”, dijo Mulino al anunciar la decisión. En ese mismo mensaje, el mandatario afirmó que buscaría “una salida” sobre el futuro de la mina.
Ese mismo día, el Ministerio de Comercio e Industrias sostuvo que “cualquier acercamiento o diálogo” con First Quantum sobre la reapertura de la mina dependía de “la suspensión inmediata” de los procesos arbitrales que inició la empresa contra Panamá.
La minera respondió con “satisfacción” las declaraciones del Presidente y un día después comenzó labores para suspender uno de los arbitrajes interpuestos contra Panamá, de acuerdo con un reporte de la agencia DW.
En abril, el Ministerio de Comercio anunció como viceministra de Comercio Exterior a Astrid Abrego González, quien fue asesora legal de la minera de First Quantum entre 2020 y 2021.
Mongabay Latam buscó al Ministerio de Comercio y a la minera Cobre Panamá para tener mayor información sobre estas negociaciones y sus impactos socioambientales, pero no tuvo respuesta.
Sandra Patargo, coordinadora de la organización Front Line Defenders para las Américas, señala que el gobierno de Mulino ha priorizado el establecimiento de proyectos extractivos sobre derechos de la población, decisión que no solo genera tensión con comunidades, sino que pone en riesgo a las personas defensoras del territorio.
“Esto ha generado muchas tensiones porque hay un intento de ignorar el fallo de la Corte Suprema”, sostiene.
Lilián Guevara, integrante del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, sostiene que la combinación de violaciones a derechos humanos y posibles negociaciones con la minera generan una amenaza contra el Estado de Derecho en el país.
“Dado que el país vivió hasta hace pocas décadas una dictadura militar, esto genera una profunda preocupación que ha llevado a diversos actores a elevar su voz ante diversos organismos internacionales”, señala.
El rechazo a la minería en Panamá
Ante estas señales de posible reapertura minera, una encuesta de publicada por el medio La Estrella de Panamá, elaborada por la encuestadora Prodigious Consulting, señala que el 57 % de los encuestados se manifestó en contra de la actividad minera. Un 60 % también rechaza la reapertura de la mina de First Quantum, según el sondeo.
Para la defensora Acosta Pinilla, el país no debe ceder ante la explotación minera por los impactos negativos en la salud y en los ecosistemas que integran el Corredor Biológico Mesoameriano, una región que conecta las áreas naturales de Centroamérica con México.
“El impacto que hemos observado está en enfermedades renales, en la contaminación del río, en los cultivos que no están produciendo como antes”, dice la defensora ngäbe a Mongabay Latam.
En tanto, Binns Carpintero señala que Panamá está recibiendo una presión económica por explotar uno de los yacimientos de cobre más importantes del mundo.
“Panamá tiene alrededor de 78 mil millones de dólares en cobre solamente. Los pueblos indígenas luchamos por una ley de moratoria que el pueblo panameño no había comprendido hasta once años después, en 2023”, explica el defensor sobre la ley aprobada ese año que rechaza el otorgamiento de concesiones mineras.
Ante la denuncia de comunidades por la violación de derechos humanos, Patargo pide atender este tipo de violencia especialmente contra personas indígenas, al considerar que hay una saña contra esta población.
“En todas las protestas que hemos visto las últimas semanas en Panamá ha habido protestas de distintos sectores: estudiantiles, sindicatos, pescadores, campesinos, pero este tipo de violencia que estamos viendo en las comunidades indígenas sí es particular y muy preocupante”, señala.
Tanto Acosta como Binns perciben un panorama complejo para las comunidades indígenas, especialmente en la comarca Ngäbe-Buglé, al considerar que se ignoran sus derechos con las acciones gubernamentales actuales y que se persigue a quienes se oponen a una posible reapertura minera.
“Las luchas que venimos llevando contra la opresión del poder económico y el Gobierno nos han hecho a nosotros defendernos en las calles, tal como lo estamos haciendo este año”, dice Binns.
Imagen principal: Panamá vive intensas jornadas de movilizaciones y bloqueos contra una posible reapertura de la mina Cobre Panamá. Foto: cortesía Olmedo Carrasquilla / Radio Temblor
Nota del editor: Se corrigió en la publicación original el nombre de la comunidad de El Piro.
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