- Mary Lawlor, Relatora Especial ante la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en el mundo, dialogó con Mongabay Latam sobre la violencia que enfrenta los defensores ambientales e indígenas en América Latina.
- La especialista resalta los avances detrás de algunas políticas públicas en países violentos como Brasil, Colombia y México pero alerta sobre nuevos focos de conflicto en Argentina, El Salvador y Ecuador, entre otros.
- Qué le cuentan los niños y jóvenes defensores, qué observa en los efectos de la lucha en las familias y qué opina sobre el papel de las organizaciones internacionales son algunos de los temas que aborda en esta entrevista.
- También el rol de las empresas multinacionales y la esperanza de un acuerdo global que las obligue a respetar los derechos humanos y ambientales en los territorios.
La irlandesa Mary Lawlor está comprometida con su misión. En asambleas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es usual escucharla increpando a los gobiernos del mundo por sus escasos esfuerzos para proteger la vida y la integridad de los defensores de derechos humanos y el ambiente. Esta profesora adjunta de la cátedra de Empresas y Derechos Humanos en el Centro de Innovación Social (CSI) de la Escuela de Negocios del Trinity College de Dublín, es especialista, además, en el rol de las empresas ante los derechos humanos. Desde mayo de 2020, es Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ante la ONU. 3s16
En 2001, fundó la organización Front Line Defenders, que se enfoca en defensores y defensoras de derechos humanos en situación de riesgo. Anteriormente, había sido directora de la Oficina irlandesa de Amnistía Internacional, entre 1988 y 2000, organización con la que está vinculada desde 1975.
No es casual, entonces, que una de sus metas sea instaurar un tratado que obligue a las multinacionales y compañías a respetar derechos básicos que muchas veces son diezmados por el poder económico en los territorios. En esta entrevista con Mongabay Latam explica que ese esfuerzo podría llevar años pero que tiene esperanzas en que sea posible.
-A partir de las últimas novedades que ha tenido, ¿cómo describiría la situación de los defensores en Latinoamérica?
-La situación de los defensores de los derechos humanos en América Latina ha sido a lo largo del tiempo y sigue siendo muy grave. Pero hemos visto que algunos gobiernos están haciendo ciertos esfuerzos. Y si nos fijamos en Brasil, por ejemplo, país en el que estuve en 2024 en una visita oficial, hay algunas mejoras en el apoyo estatal a los defensores desde que [Luiz Inácio] Lula [da Silva] llegó al poder. Hay intentos de abordar las causas profundas, por ejemplo, la demarcación de las tierras indígenas y quilombolas y la reforma agraria. Y hay un intento de mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos en peligro. Sabemos que, a través del programa de protección, han sido capaces de llegar y proteger a los defensores que se encuentran en situación de riesgo, incluso en algunas zonas muy remotas y aisladas. No es fácil, pero se están esforzando. Y luego, de manera similar, si nos fijamos en Colombia, hay algunos cambios en los últimos años también. Por supuesto, parte del problema en el pasado en Colombia y en otros Estados ha sido el discurso estigmatizador de los políticos sobre las personas que defienden los derechos humanos. Y esto ha cambiado al más alto nivel del gobierno [colombiano]. También ha habido esfuerzos de apoyo práctico. Por ejemplo, cuando Petro llegó al poder en 2022, junto con OHCHR [Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos] en Colombia, su istración puso en marcha un plan de emergencia para la protección de líderes sociales. Así que todos estos son buenos pasos. Y en México, vemos en este momento sus esfuerzos en curso para reformar los mecanismos estatales de protección de los defensores de los derechos humanos. Es un proceso que lleva ya algún tiempo en marcha y en él participan el Estado, la sociedad civil. Así que es un proceso alentador, incluso si no va a resolver las causas profundas de los riesgos para los derechos humanos. Es un paso en la dirección correcta. Pero en general, por supuesto, vemos muchos desafíos, muchos riesgos, muchas cosas horribles que les suceden a los defensores de los derechos humanos en América Latina.
-Colombia ha sido catalogado como el país más peligroso de la región para los defensores. ¿en qué otros países está viendo un endurecimiento de las condiciones para ellos y ellas?
-Primero hablemos de Colombia. Año tras año, como dices, Colombia siempre tiene el mayor número de defensores de los derechos humanos asesinados en cualquier país del mundo fuera de una zona de guerra. Y siempre son los líderes de las comunidades indígenas campesinas y rurales los que corren más peligro y los que defienden el medio ambiente de las prácticas empresariales perjudiciales. Además, trabajar en la aplicación de los acuerdos de paz es una auténtica diana en la espalda. Así que es imposible separar los asesinatos de la historia del país, el conflicto y sus secuelas, el proceso de paz y la continua presencia de grupos armados. Pero a pesar del plan de emergencia que Petro puso en marcha, los asesinatos son extremadamente altos. Asumió el poder en 2022 y ese año fueron asesinados 215 defensores de derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. Y luego hubo un descenso en 2023 a 181 defensores, lo que de nuevo iba en la dirección correcta, pero seguían siendo cifras enormes. Y luego, en 2024, la ONG Somos Defensores registró 157. Así que esperemos que, con el tiempo, los asesinatos disminuyan. Pero no lo sabemos. Por supuesto, tenemos que hacer un seguimiento continuo. Supervisar. Pero el otro problema es, por supuesto, que como has señalado, se están deteriorando las situaciones en varios países como El Salvador, Argentina y Ecuador debido al giro autoritario y antiderechos en estos países, y los defensores de los derechos humanos han sufrido como resultado. Y por ejemplo, en El Salvador, durante años he estado siguiendo el caso de los defensores de Santa Marta, que han sido criminalizados en lo que parece ser un caso sin fundamento presentado contra ellos en represalia por su activismo medioambiental y comunitario de larga data. Mientras el Gobierno intenta reabrir el país a la minería, lo que sería un paso realmente terrible después de haber luchado tanto por ello y conseguirlo. También estoy siguiendo las detenciones de abogados que defienden los derechos de las personas detenidas arbitrariamente en el país, incluido Fidel Zavala, que está detenido desde el 25 de febrero. Y si nos fijamos en Argentina, estoy siguiendo los casos de Federico Soria y Mauricio Cornejo, defensores del medio ambiente criminalizados en la provincia de Mendoza, en el suroeste del país, por su participación en protestas contra un proyecto de extracción minera. Fueron detenidos en febrero en virtud de una disposición de la época de la dictadura [cívico-militar de 1976]. Pero afortunadamente han sido puestos en libertad. Y en Ecuador, hemos recibido información en repetidas ocasiones y hemos escrito al Gobierno sobre defensores que se enfrentan a represalias por su activismo pacífico contra la minería en el país. Pero, probablemente, hayamos asumido casos de defensores de los derechos humanos en la mayoría de los países [de la región]. Así que puede estar mejorando en algunos países, pero en otros países se enfrentan los mismos riesgos terribles y la intimidación y los ataques, la estigmatización y la falta de respeto y de legitimidad, todas las cosas que los convierten aún más en blancos para el ataque. Así que para los defensores de muchos países, incluso los que están intentando mejorar un poco, los riesgos siguen siendo extremadamente altos.
-Ha mencionado la criminalización de los defensores como una de las estrategias del poder. ¿Cómo funciona en la práctica la criminalización? ¿Cuáles son los métodos de criminalización en América Latina?
-Funciona de la misma manera que en cualquier lugar: alguien es acusado injustamente, puede o no haber un juicio. Hay una sentencia y luego el defensor va a la cárcel, como, por ejemplo, en México, uno de los casos que he estado monitoreando. El encarcelamiento a largo plazo de los defensores de los derechos humanos es una prioridad para mi mandato. Uno de los casos que he seguido es el de Pablo López Álvarez en México. Había esperanzas de que fuera puesto en libertad tras la celebración de un nuevo juicio. Pero en marzo se confirmó la condena contra él. Y la detención prolongada en México es un problema importante, principalmente para los defensores indígenas, incluidas las defensoras. Por ejemplo, otro caso es el de Kenia Hernández. Estamos pidiendo su liberación. Y en Chiapas, están los casos de Velasco García, Mario López Gómez. El problema es, en mi opinión, que es muy fácil para las autoridades locales, para la policía local y las autoridades y el crimen organizado confabularse y silenciar a la gente que habla a favor de los derechos humanos y silenciar a la gente que habla en contra de la corrupción.
Son las normas internacionales que los Estados han acordado a través de su pertenencia a la ONU y su ratificación de los pactos sobre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, los que dan fuerza a la lucha contra la criminalización. También tenemos la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por unanimidad en 1998. Y también tenemos los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Pero no son legalmente vinculantes. Y eso es un problema.
-En los casos de los pueblos indígenas, ¿corren riesgos mayores en comparación con otros defensores?
-Por supuesto, los indígenas y los defensores del ambiente contra la minería son los que están en mayor riesgo, los defensores del clima, la tierra.
-Perú acaba de aprobar una ley que hace muy difícil el trabajo de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. ¿Cuál es su posición sobre esta nueva ley en Perú sobre la Agencia Peruana de Cooperación Internacional?
-Gina Romero, relatora especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU ha manifestado una posición. Ella dijo que las modificaciones propuestas a la Ley APCI crean riesgos de interferencia indebida en la estructura y el funcionamiento interno de las organizaciones no gubernamentales. Un grupo de expertos escribió al gobierno peruano el 10 de junio de 2024, indicando que las modificaciones a la Ley APCI –de aprobarse en su forma actual, incluyendo la ambigüedad de sus disposiciones– tendrían serias implicancias para los derechos humanos, particularmente el derecho a la libertad de asociación, y alejarían a Perú del cumplimiento de sus compromisos internacionales. Romero sostuvo que las modificaciones a la ley impedirían que las organizaciones, incluidas las defensoras de derechos humanos, avancen en acciones de incidencia nacional e internacional, lo que podría conducir a un aumento de la impunidad en el país.
-Frente a estas situaciones y otras violaciones a los derechos civiles y en particular de los defensores, ¿qué opina de los esfuerzos de las organizaciones internacionales? ¿Cree que son suficientes?
-Creo que las organizaciones internacionales tienen un papel que desempeñar, un papel específico y particular. Pero creo que lo que se pierde muchas veces de vista es que es responsabilidad del Estado proteger los derechos humanos. Y creo que las organizaciones internacionales están limitadas. Pueden supervisar la situación y desarrollar capacidades. Y si son una ONG grande, tienen más recursos para hacer este tipo de trabajo. Pero no es su responsabilidad, y creo que no es suficiente porque conozco a muchos maravillosos defensores de los derechos humanos que no sólo corren peligro, sino también amigos que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y no corren peligro. Pero ellos cargan sobre sus hombros la culpa de lo que el gobierno está haciendo a los defensores. Y eso no es bueno, porque casi absuelve al gobierno. Esto es sólo una opinión personal. A veces me parece que las organizaciones se sienten tan culpables por lo que no están haciendo o por no ser capaces de ayudar que en realidad deberían ir a por el gobierno, por el daño a la reputación de ese gobierno por básicamente atacar, matar o permitir el asesinato de personas inocentes que no hacen más que tratar de defender el derecho a defender los derechos.
Pero dicho esto, quiero decir que organizaciones como la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen que acompañar más a los defensores. Tienen que solidarizarse con ellos. Yo siempre recuerdo esta frase maravillosa: la solidaridad es la última arma de los indefensos. Y realmente creo que para los defensores de los derechos humanos, la solidaridad es muy importante. Y la forma en que pueden mantener alguna esperanza y continuar su trabajo es si hay suficientes organizaciones a nivel internacional que están dispuestas a proteger a los defensores de los derechos humanos dondequiera que tengan su sede y dondequiera que estén en riesgo, deben estar dispuestos a hacer todo lo posible para protegerlos, acompañarlos, darles legitimidad, darles visibilidad y estar a su lado, hacer saber a los defensores que pueden ponerse en o con ellos si están en problemas.
-Las empresas de los sectores involucrados o sospechosos de ataques a los defensores ambientales e indígenas, como las mineras y petroleras, ¿están haciendo a nivel internacional ante los casos locales?
-Fue desgarrador ver en Brasil, cuando recorrimos el Amazonas, el alcance de las actividades negativas de las empresas mineras sobre la población, ya fuera indígena, quilombola o de cualquier otro tipo. El año pasado fui a Canadá para hablar con las empresas mineras canadienses sobre su vergonzosa conducta en muchas partes del mundo. Técnicamente, tienen la obligación vinculante de acatar las leyes nacionales, pero la cuestión es que tienen carta blanca para hacer lo que quieran sin tener en cuenta básicamente los impactos negativos sobre las comunidades que se ven afectadas o el medio ambiente que se ve afectado y el clima que se ve afectado. Y en muchos casos, aunque exista una ley razonable, no se aplica correctamente ni se respeta como es debido. Por tanto, existe una laguna o un vacío en lo que respecta a las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos en virtud del derecho internacional y regional, porque por el momento todo es derecho indicativo no vinculante, como los Principios de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Como saben, los Principios Rectores de la ONU establecen que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y deben actuar con la diligencia debida para garantizar que no ponen en peligro los derechos con su actividad. Pero como no son vinculantes, los Principios Rectores de la ONU han tenido muy poca aceptación, a pesar de que se acordaron hace 15 años. Así que estamos buscando un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos. Ya se ha hablado de ello y es de esperar que acabe ocurriendo. Pero eso es lo que necesitamos. Necesitamos un tratado internacional vinculante. Mientras tanto, los Estados pueden legislar para garantizar que las empresas respeten los derechos humanos en sus operaciones, como se ha hecho en algunos países como Francia y Alemania. Pero es necesario introducir leyes con obligaciones vinculantes para las empresas. Tienen que ser capaces de identificar y abordar sus impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Y esto debe ir acompañado de a la reparación, que es muy importante en los tribunales penales y civiles para los defensores y otras personas cuyos derechos se ven afectados por los abusos de las empresas.
-¿Cómo cree que debería funcionar este esfuerzo internacional?
-Creo que el proceso de negociación de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos duró 13 años. Y creo que convertir los principios rectores en un tratado vinculante probablemente llevará el mismo tiempo. Es un proceso. Y la ONU trabaja muy, muy lentamente, como sabes. Pero creo que está cobrando impulso. Hemos visto el Acuerdo de Escazú como un gran avance. Si puede ser ratificado por más países y puesto en práctica, podría suponer una gran diferencia para los defensores, y podría servir de modelo para otras regiones del mundo. Y sé que Brasil se ha comprometido a ratificarlo. Confío en la sociedad civil de América Latina, es tan robusta y bien organizada y activa, y formaron redes en todo el continente, y también han formado redes en toda la región. Y ahí es donde está la esperanza. Creo que el trabajo de los defensores de los derechos humanos, que siguen persistiendo, resistiendo y trabajando casi con locura y mucha esperanza, sólo necesitan un poco de esperanza para continuar con pequeñas victorias en el camino y la solidaridad de los demás.
-Con respecto a la solidaridad. ¿Cómo ve el comportamiento de la gente que vivimos en las grandes ciudades, a veces, muy lejos de los territorios donde los defensores están viviendo y luchando?
-Desafortunadamente, es muy complicado. Es por eso que cuando voy en una visita a un país, no quiero quedarme en la gran ciudad porque todas las reuniones generalmente siempre tienen lugar en las grandes ciudades. Y para los defensores que no tienen medios financieros o no están conectados, eso no tiene sentido. Ya sabes, porque no pueden ser representados. No pueden estar presentes en las decisiones que les afectan. Por eso, cuando estoy en un país, intento, en la medida de lo posible, como hice en Brasil, fijarme en los que corren más riesgo y acudir a lugares remotos y apartados. El problema que vi en Brasil es que los defensores se enfrentan todo el tiempo a los grandes terratenientes. Se enfrentan a las compañías mineras. Y realmente, creo que es muy difícil construir solidaridad. Depende de la sociedad, pero es donde realmente tienes que empezar. Tienes que crear una red de protección a tu alrededor. Recuerdo también a una defensora de África que me dijo que cuando estaba en apuros, sabía que tenía 500 personas a las que podía acudir. Había pasado años creando una red de apoyo y aliados para poder seguir haciendo su trabajo. Y creo que es necesaria más educación en derechos humanos y más capacitación en las comunidades que no están conectadas ni a nivel regional, ni nacional, regional o internacional.
-Usted está en o con defensores de todo el mundo. ¿Qué le dicen los más jóvenes sobre sus misiones, esperanzas y deseos?
-Hace un par de años tomé como prioridad a los niños y jóvenes defensores de los derechos humanos porque cada vez hay más jóvenes. Otra gran esperanza es que ahora hay más y más gente trabajando en derechos humanos como nunca antes. Son unos 10 millones. En el caso de los jóvenes, el clima y el medio ambiente ocupan un lugar muy destacado en su lista. Hace unos dos años me reuní con un grupo de niños y jóvenes en Viena. Trabajaban sobre el clima, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, juicios justos. Trabajan en la construcción de la democracia. Trabajan contra matrimonios forzados. Y el problema para los jóvenes era que surgía, una y otra vez, que se enfrentan a riesgos, pero el problema más difícil que todos ellos dijeron fue que nadie los toma en serio. No son sólo el futuro, son el presente y no están siendo tomados en serio por los tomadores de decisiones. No se les permitía participar de forma significativa en las decisiones que les afectan. Estaban siendo deslegitimados incluso en ONG donde sus voces no cuentan. Esencialmente era la discriminación por razón de edad. Es difícil cuando son muy jóvenes. Como padre, ¿te gustaría que tu propio hijo se pusiera en peligro? Me acuerdo que le pregunté a un joven si tenía el apoyo de sus padres. Y me dijo que no, que no les había dicho nada de lo que estaba haciendo. Y luego otro me dijo que sus padres le habían dicho que si lo detenían, no vendrían por él. Lo dejarían allí.
-Cuando el defensor o la defensora está en riesgo, es asesinado o tiene que salir del territorio, ¿qué pasa con las familias y la comunidad? ¿Cuál es el efecto que ha visto en los casos analizados?
-En mi opinión, esto contribuye al estrés incesante al que se ven sometidos los defensores de los derechos humanos. Y eso afecta a sus familias, tanto a la familia que se preocupa por el defensor que está en peligro como al defensor que se preocupa por la familia. Y esto plantea todo tipo de problemas. También está el aspecto financiero cuando la familia tiene que vivir separada. Además, los niños a menudo se sienten abandonados también. Es muy difícil de entender para los niños. Y, ya sabes, a veces ves que resienten el camino, el trabajo que el padre o el hermano ha hecho. Porque no sólo les priva durante su infancia de estar con ellos, de estar con la persona que aman y tener que sufrir las consecuencias financieras. Sino que también sabemos que las familias son a veces objetivo de los gobiernos, en un esfuerzo por llegar a la persona conocida o que se ha escondido o que se ha mudado. Así que es realmente horrible.
Imagen principal: desde mayo de 2020, Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ante la ONU. Foto: Front Line Defender