- Una sentencia del Tribunal Agroambiental de Bolivia impone una pausa ecológica que prohíbe quemas, protege al jaguar y resguarda a defensores ambientales.
- Este hecho es calificado como histórico en Bolivia, ya que establece un precedente para cuidar la fauna silvestre de ese país.
- El fallo ambiental instruye a varias entidades del Estado boliviano a asumir labores para proteger al felino más grande de América del Sur.
- Varios activistas y políticos piden al tribunal ambiental que se haga seguimiento a las órdenes, comunicadas en una audiencia en la ciudad de Sucre.
El Tribunal Agroambiental de Bolivia emitió un fallo inédito y ordenó a diferentes entidades del Estado la protección del jaguar y de su hábitat. La sentencia tiene 12 disposiciones y entre ellas se exige mayor control en aeropuertos, fronteras y terminales de buses con el objetivo de frenar el tráfico de fauna silvestre. Además, se establece un plazo de diez días para que se dicten medidas de protección para defensores ambientales y se ratifica una pausa ecológica en todo el país.
El 23 de abril fue un día histórico para la defensa ambiental en Bolivia. El Tribunal Agroambiental emitió un fallo inédito que dispuso medidas de protección para el jaguar, para su hábitat y para los defensores ambientales. Solo la Vicepresidencia del Estado, mediante un comunicado, cuestionó la sentencia argumentando que el Órgano Judicial carece de competencias para ese tipo de procesos. Sin embargo, esta entidad aclaró que no está en contra del cuidado del jaguar, sino en contra del procedimiento.
El Tribunal Agroambiental en Bolivia es responsable de impartir justicia especializada en materia agraria, forestal, pecuaria, ambiental, aguas y biodiversidad. Esta instancia está compuesta por cinco magistrados y magistradas y entre sus principales atribuciones está atender demandas por actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente, y demandas por prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies.
El 4 de febrero, la diputada boliviana María René Álvarez presentó una demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Agroambiental. La demanda de la legisladora inició como denuncia de biocidio y tráfico de vida silvestre en el Área Natural de Manejo Integral (AMNI) San Matías, en el departamento de Santa Cruz, en la que solicitó a los magistrados que dicten medidas cautelares de prevención y restauración del hábitat del jaguar, con el fin de frenar la caza de esta especie.
Días antes se conoció la incursión de la empresa Caza & Safaris Argentina en territorio boliviano con el negocio de caza de jaguares. El dueño de esta empresa, Jorge Néstor Noya, realizaba viajes al Pantanal boliviano con sus clientes para cazar al felino más grande de América del Sur. Lo hizo en varias ocasiones desde la década de 1990 y actualmente la Justicia boliviana investiga este hecho. Este empresario ofrecía “paquetes turísticos” de hasta 50 000 dólares para matar jaguares en Bolivia. Ahora, Noya cumple detención domiciliaria en Argentina, donde también es investigado por presunta asociación ilícita y supuestos delitos contra la fauna.
“El jaguar es un símbolo de la Amazonía y la Chiquitania, pero sobre todo es una de las especies protegidas que durante años fue cazada, comercializada y vulnerada en sus derechos”, afirmó a Mongabay Latam la diputada Álvarez. “Con la caza del jaguar también se ha incrementado el avasallamiento de nuestros territorios y la afectación a los pueblos indígenas”, agregó la legisladora, quien opinó que el fallo del Tribunal Agroambiental es un primer paso para hacer una defensa íntegra, no solo de las especies protegidas, sino de los territorios y pueblos.
La parte resolutiva emitida por los magistrados ambientales bolivianos tiene 12 disposiciones, que fueron sustentadas en gran medida en el Acuerdo de Escazú. Lo central es la emisión de órdenes para las instancias estatales para que tomen medidas y apliquen políticas de protección al jaguar y su hábitat, que incluye la declaración de una pausa ecológica.
Por ejemplo, en el punto nueve, el Tribunal Agroambiental ordenó disponer una pausa ecológica en las quemas en todo el territorio nacional con base al Decreto Supremo 5225, que implica la suspensión de las autorizaciones de quemas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), así como prohibir la emisión de nuevos permisos. La pausa ecológica se mantendrá vigente hasta una evaluación de las autoridades competentes con supervisión del Tribunal Agroambiental.
La audiencia, que se realizó en la ciudad de Sucre y duró cinco horas con 54 minutos, reunió un coro diverso de voces a favor del felino: autoridades estatales, comunidades indígenas, científicos, ambientalistas, guardaparques y activistas, todos unidos en la defensa del jaguar. Otra de las resoluciones implica medidas de protección para defensores y defensoras ambientales. Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, aplaudió la medida judicial y pidió a las instancias involucradas que obedezcan el fallo ambiental.
“Desde nuestra asociación (de guardaparques) saludamos la resolución emitida por el Tribunal Agroambiental sobre la acción ambiental directa interpuesta en resguardo y protección del jaguar, su hábitat y defensores ambientales”, dijo Uzquiano a Mongabay Latam. “Esta es una victoria legal y ambiental por la vida, aquí no perdió nadie, ganamos todos, ganó el jaguar y ganaron nuestros bosques, nuestros ríos, la biodiversidad y nuestras áreas protegidas”, aseguró. Además, destacó que la decisión reaviva la esperanza para la Amazonía, el Chaco y la Chiquitania.
La sentencia del Tribunal Agroambiental emite órdenes a diferentes instancias estatales para que cumplan su trabajo en beneficio del jaguar y su hábitat. Las entidades involucradas son los ministerios de Gobierno, de Justicia, de Defensa, de Educación y de Medio Ambiente y Agua. Además, pide acciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Defensoría del Pueblo, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la Fiscalía General del Estado.
Por ejemplo, el Tribunal Agroambiental ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua que en el plazo de seis meses concluya la actualización de la categoría del jaguar en el libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia para que se lo catalogue como especie en peligro o en peligro crítico, porque actualmente está como una especie vulnerable. También instruyó a esta cartera de Estado a que implemente planes de manejo participativo para mitigar los conflictos ambientales, en el plazo de seis meses, con énfasis en el jaguar.
Además, ordenó a la Defensoría del Pueblo que, en un plazo de 30 días hábiles, proceda a elaborar un plan de acción nacional de reconocimiento y protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y sus familias, con enfoque de género, intergeneracional, intercultural, interseccional, territorial y diferenciado conforme a sus casos.
“Esta audiencia se constituye en una oportunidad para reencauzar esa orientación (normativa) que en algún momento se ha dispersado, se ha direccionado de una manera errónea, en el sentido de que los derechos medioambientales se pueden mirar desde una perspectiva antropocéntrica y no desde una mirada holística”, sostuvo a Mongabay Latam el Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya.
Una de las medidas más aplaudidas es la pausa ecológica para “actividades antrópicas extractivas” dentro de áreas protegidas nacionales, departamentales, municipales e indígenas, con incidencia en el corredor biológico del jaguar y sus unidades de conservación. Según explicó Pablo Solón, director de la Fundación Solón, las actividades antrópicas son aquellas inherentes a los seres humanos que pueden afectar los ciclos y el equilibrio de la naturaleza.
El activista afirmó que entre las más comunes se encuentran la minería, la explotación de hidrocarburos, la silvicultura, que tiene que ver con la explotación de bosques para obtener madera y otros productos forestales. Luego de la explicación, Solón también aplaudió la decisión del Tribunal Agroambiental. “Si bien es un fallo sobre el jaguar está sentando un precedente que va a servir para protección de toda la fauna silvestre de los bosques y de la naturaleza en su conjunto, hay que hacer un seguimiento para que se lo cumpla a cabalidad y no quede en el aire como muchas medidas”, afirmó a este medio de comunicación.
En la audiencia del 23 de abril, la representación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, dijo que no cuenta con suficiente personal para patrullar las 16 áreas protegidas del país donde habita el jaguar y esto implicaría cubrir miles de hectáreas por cada funcionario. Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua se pidió delimitar las áreas protegidas donde se encuentra el jaguar y que se profundice la gestión compartida para que también las gobernaciones y municipios de Bolivia realicen la labor de protección, así como reconocer a las autoridades indígenas ambientales para esa tarea.
Además, se exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar una ley para establecer un fondo de conservación del jaguar, con fondos de fuentes nacionales y de la cooperación, que incluya aumentar el presupuesto para mejorar habilidades y competencias, así como tecnología para guardaparques y otras entidades defensoras del medio ambiente.
En este punto hay algunas observaciones por parte de activistas. Por ejemplo, el abogado Franco Albarracín, que trabajó en el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), calificó como un “error grave” que se haya dispuesto la creación de un Fondo Nacional de Conservación con recursos de la cooperación y del Estado porque, en casos como éste, el “Estado boliviano termina desentendiéndose de su rol”.
“Pese a estas observaciones, que en gran parte pueden atribuirse a limitaciones de actualización y formación técnica de los magistrados en materia de derecho ambiental y derecho internacional de los derechos humanos, la sentencia representa un avance significativo”, afirmó Albarracín. “En un contexto de debilitamiento del Estado de derecho y concentración de poder, este fallo se convierte en un acto de dignidad institucional y una señal de esperanza”, indicó.
Dentro las instrucciones a los ministerios de Gobierno y Defensa, que son la máxima autoridad de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA), se pidió a estas instancias realizar controles más rigurosos en los territorios donde habita el jaguar, pero también en aeropuertos y fronteras para evitar el tráfico de fauna silvestre. Al Ministerio de Educación se le ordenó realizar una reforma educativa con enfoque en biodiversidad, cambio climático y derechos de la naturaleza.
Imagen principal: el jaguar es una especie amenazada en Bolivia. Foto: cortesía Serfor
Créditos
