- En el Parque Nacional Bahía de Loreto y otras zonas de Baja California Sur, en el noroeste de México, se ha instalado un sistema de monitores marinos.
- La iniciativa utiliza radares y cámaras para detectar embarcaciones, incluso aquellas sin sistemas de identificación automática, y alertar a las autoridades sobre posibles actividades de pesca ilegal.
- Guardaparques y comités de vigilancia comunitaria operan el sistema en sitios como Cabo Pulmo, Bahía de Loreto y San Basilio, ayudando a disuadir la pesca furtiva y fortaleciendo la participación local en la conservación marina.
- Esta tecnología ya ha sido aplicada exitosamente en otros parques nacionales de América Latina y se prevé una nueva colaboración con el gobierno mexicano para implementarla en otras áreas protegidas.
En la costa este de Baja California Sur, un sistema de radares busca frenar la pesca ilegal y la caza furtiva de especies marinas que impacta a los parques nacionales y refugios pesqueros. En esta región del noroeste de México, una alianza entre organizaciones, guardias comunitarios, guardaparques y el Gobierno patrulla y monitorea la zona haciendo uso de herramientas tecnológicas como drones y cámaras de vigilancia de largo alcance.
“Empezamos con el Parque Nacional Cabo Pulmo en donde se instaló el primer Monitor Marino (M2), un sistema integrado de cámaras y radares que les permite a los guardaparques ampliar sus capacidades de vigilancia a través de la tecnología”, explica Alejandro González Leija, oceanólogo y director de Global Conservation en México, organización internacional que lidera la iniciativa Defensa Global de Parques en alianza con la organización mexicana Pronatura Noroeste y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). El objetivo es fortalecer las redes de refugios pesqueros comunitarios y las zonas de no pesca dentro de los parques nacionales.
Aunque la problemática de pesca ilegal de diversos recursos pesqueros en áreas protegidas de Baja California Sur es diferente en cada zona, desde Cabo Pulmo hasta el Parque Nacional Bahía de Loreto, la pesca ilegal de escama ha sido compartida. En esta región, la pesca industrial —como la de camarón o atún— está prohibida, por lo que cuando se detectan embarcaciones de ese tipo se activan alarmas y se coordina con las autoridades para su seguimiento.
El alcance logrado con esa primera fase de la iniciativa en Cabo Pulmo, realizada hace más de diez años, sirvió como ejemplo para replicar el modelo en Loreto —en un territorio mucho más amplio— y otras áreas como la bahía de San Basilio, el Corredor Marino San Cosme – Punta Coyote y en la Reserva de la Biosfera Islas Marías.
“Lo primero que empezamos a ver fue una disminución de los patrones de navegación que indican una presunta ilegalidad en Loreto. De tener, por ejemplo, 100 embarcaciones en un mes que mostraban un patrón de presunta pesca ilegal, automáticamente bajó a 10 embarcaciones”, describe Sergio González Carrillo, excoordinador regional de Pronatura Noroeste y líder de sitio en Bahía Magdalena, quien ha trabajado en el proyecto de radares desde su origen.
Es decir, cuando los pescadores supieron que se les estaba observando, explica González Carrillo, empezaron a dejar de ingresar al polígono del parque nacional. “Eso es muy valioso porque como organizaciones queremos apoyar a las autoridades y nuestro papel es tratar de disuadir esas actividades de ilegalidad, que han bajado en buena proporción. Ese es un dato muy poderoso para nosotros”, afirma.
Estos radares pueden rastrear patrones de navegación y velocidad hasta 15 kilómetros desde la costa. No solamente detectan grandes embarcaciones que portan sistemas de identificación automática (AIS) —diseñados para proporcionar información vía satelital como su posición, velocidad y rumbo a otros barcos y autoridades costeras—, sino incluso aquellas que no están obligadas a portar estos dispositivos, como yates, veleros, embarcaciones menores de pesca deportiva y comercial, e incluso kayaks, pues también proporcionan información de interés respecto a otras actividades sin regulación en las áreas naturales protegidas, como el turismo.
A través del sistema de radares se configuran polígonos de interés con parámetros específicos que generan alertas automáticas para notificar a los guardaparques cuando hay actividad sospechosa, permitiéndoles verificar en tiempo real mediante el sistema o la cámara. Además, resguardan la información histórica para su consulta y análisis, que se complementa con herramientas regionales como Skylight y Global Fishing Watch para un monitoreo más amplio.
Presiones sobre Bahía de Loreto
El Parque Nacional Bahía de Loreto es una de las áreas naturales protegidas más importantes del país. Se decretó el 19 de julio de 1996 y tiene una superficie de aproximadamente 206 581 hectáreas. Por su relevancia ecológica y biodiversidad, se le ha reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2005 y como Sitio Ramsar en 2004.
Se ha documentado la presencia de más de 1300 especies de flora y fauna, incluyendo 30 especies de mamíferos marinos y 38 especies de plantas y animales endémicos. Ballenas azules, de aleta y jorobadas destacan en sus aguas, donde comparten espacio con orcas, delfines, lobos marinos y tortugas marinas, así como con 17 especies de aves marinas.
El parque nacional permite actividades pesqueras en áreas específicas bajo condiciones controladas. Los pescadores deben hacer uso únicamente de artes de pesca selectivas que minimicen el impacto ambiental y la captura incidental de especies no objetivo, es decir, aquellas que no tienen un valor comercial o alimenticio, como peces juveniles o especies protegidas, como tiburones y tortugas. En 2019 se modificó su Programa de Manejo, con lo que la superficie donde no está permitido pescar se incrementó de 108.4 a 6219.3 hectáreas.
Pese a estas medidas, la zona enfrenta una constante presión debido a la pesca ilegal, la sobrepesca y el incremento de actividades turísticas sin regulación, cuya detección se vuelve compleja al tratarse de un área tan extensa.
“Las zonas de pesca están distribuidas a lo largo del parque nacional y esto representa un reto, primero, para proteger esas zonas y, segundo, para asegurar que la pesca se lleve a cabo con los permisos, embarcaciones, arte de pesca y luz de malla correctas. Eso demanda no solamente la tecnología, sino la presencia de inspectores en la zona”, describe Alejandro González Leija.
De acuerdo con Pronatura Noroeste, aunque existen marcos legales para sancionar a quienes realizan estas prácticas y se hacen múltiples esfuerzos por parte de las jefaturas de los parques, las autoridades ambientales mexicanas y las organizaciones, la vigilancia efectiva en las áreas protegidas de Baja California Sur se ve limitada por la falta de herramientas, presupuesto y personal para detectar actividades ilegales de manera oportuna.
“¿Cómo podemos hacer para que el personal de campo o los inspectores estén ahí? Pues necesitamos tener más. Baja California Sur tiene solamente entre siete y ocho inspectores para cubrir todo el estado. Además, los inspectores de Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] no sólo ven el mar, sino también la tierra”, afirma Sergio González Carrillo.
En el caso particular del Parque Nacional Bahía de Loreto, además del sistema de radares, las organizaciones instalaron una mesa de trabajo para desarrollar un manual de actuación ante los procedimientos ilícitos. “Es el primero de su tipo y contó con la participación de más de diez autoridades. Gracias a este manual, aunque haya rotación de personal, el procedimiento se mantiene constante, lo que facilita la capacitación y la continuidad del trabajo. Además, se han incrementado los recorridos de vigilancia”, agrega González Carrillo.
Comunidades vigilantes
La pesca ilegal responde a varios factores, coinciden los especialistas. Para frenarla, no solamente se requiere de tecnología y presencia de las autoridades, sino, por ejemplo, de modificaciones desde el ámbito legislativo y un fortalecimiento de los esquemas de trabajo con las cooperativas pesqueras.
“Es fundamental trazar correctamente el origen del producto y asegurarnos de que proviene de una pesca responsable y legal. Además, debemos entender cuáles son los factores que impulsan la pesca ilegal”, sostiene Alejandro González Leija.
Hay pescadores que no son delincuentes, afirma el oceanólogo, sino que se trata de personas “que durante años han intentado obtener un permiso para pescar legalmente, pero por razones ajenas a ellos no han podido acceder a ese derecho. Esa parte del problema también debe ser atendida”, agrega el especialista.
Por ello, el equipo trabaja con las comunidades locales y pescadores para proteger la biodiversidad y sus medios de vida, involucrándolos activamente en la toma de decisiones. Han establecido comités conformados por de la comunidad para apoyar en la vigilancia y el monitoreo de actividades de pesca ilegal, a quienes han enseñado a utilizar los radares y el sistema de vigilancia. Estos comités están integrados por personas locales que conocen bien la zona, por lo que tienen la capacidad de identificar actividades sospechosas.
Además, existe una colaboración con los propietarios de tierras para instalar Monitores Marinos Móviles (M3), que ofrecen una mayor autonomía al operar con una fuente de energía renovable y un remolque móvil, lo que permite desplegarlos en lugares de difícil sin conexión a la red eléctrica. Estos radares también sirven para vigilar la presencia de pescadores furtivos en las áreas marinas protegidas, mientras que los propietarios de las tierras se involucran difundiendo buenas prácticas de pesca.
En la zona sur del Parque Nacional Bahía de Loreto, esta herramienta ha resultado una ventaja tecnológica para comprender la actividad náutica y pesquera, además de representar un instrumento valioso para los comités de vigilancia pesquera de las cooperativas cercanas en las comunidades de Agua Verde y San Cosme.
“Las cosas van bien, porque el interés es tal que ellos dicen: ‘Ustedes pusieron el radar, nosotros podemos poner embarcaciones y gasolina para salir a atender lo que dicte el radar, además de capacitarnos para poner las denuncias’. Ellos entienden que todas estas acciones finalmente son para proteger los recursos que ellos mismos están protegiendo”, describe Sergio González Carrillo.
Sin embargo, realizar patrullaje no es una tarea sencilla. El crimen organizado suele financiar la pesca furtiva en busca de especies de alto valor en el mercado ilegal, como la totoaba (Totoaba macdonaldi), en peligro crítico de extinción, codiciada por su vejiga natatoria, utilizada en la medicina tradicional china. Por ello se busca fortalecer las relaciones con la Secretaría de Marina y otras autoridades que puedan proteger al equipo humano, que incluye a los guardaparques, guardias comunitarios, organizaciones e inspectores.
“Hemos contado con espacios seguros para la instalación de estos sistemas, pero también hay personas a las que les tocas sus intereses. Normalmente son quienes no están alineadas a una actividad de pesca legal. Encontrar condiciones para el despliegue de esta tecnología tiene sus retos”, dice González Leija.
El futuro de las áreas marinas protegidas
En Latinoamérica, se ha instalado el mismo sistema en parques nacionales de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador y más recientemente en Panamá, en abril de 2025, en el Parque Nacional Coiba.
Para el caso mexicano, Global Conservation ampliará su presencia en otras regiones del país por petición de la Conanp. La Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro es uno de los posibles sitios de interés para la organización, donde ocurre pesca ilegal de especies como langosta y caracol, por lo que fue visitado en marzo de 2025 para una primera prospección y acercamiento.
Esta reserva está ubicada frente a las costas de Mahahual, en el municipio Othón P. Blanco, Quintana Roo, y representa una de las áreas naturales protegidas más destacadas de México. Con sus 144 360 hectáreas, es el atolón coralino más grande de México y el segundo más grande del mundo. Fue decretada en 1996 y es reconocida por su excepcional biodiversidad y valor ecológico.
“Actualmente, estamos a la espera de firmar el convenio nacional, lo que nos permitirá contar con una base más sólida para comenzar a explorar zonas de interés, incluyendo Banco Chinchorro. La idea es establecer planes de trabajo, si la reserva también lo considera de interés, y avanzar en esa línea”, agrega González Leija.
La pesca ilegal no sólo afecta a la biodiversidad marina y a las comunidades pesqueras, sino a los consumidores en las ciudades que también deben mantenerse vigilantes, dice Leija.
“La pesca ilegal impacta culturalmente a las comunidades que dependen de esta actividad y que están orgullosas de ser pescadoras, eso lo celebramos”, concluye el oceanólogo. “Por eso se requiere de varias manos —incluyendo la parte legislativa y las autoridades— y que el mismo sector entienda que llevar a cabo una pesca legal nos va a beneficiar a todos, pero principalmente a ellos”.
*Imagen principal: la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro. Foto: Isabel Mateos Hinojosa
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