- Crudas imágenes revelan las graves consecuencias que está generando la caza y el tráfico de vida silvestre en Argentina. En este reportaje fotográfico presentamos tres casos que tienen en alerta al país.
- La caza y asesinato de un jaguar en la provincia de Formosa causó gran indignación en Argentina.
- Tras un allanamiento en Caza & Safari, las autoridades encontraron miles de partes de animales convertidas en trofeos y otras especies vivas a punto de ser fusiladas.
El horror de la caza y el tráfico ilegal de vida silvestre tiene en alerta a Argentina. Asesinatos de especies amenazadas como jaguares, permisos de caza deportiva y el hallazgo de 8000 partes de animales, entre cráneos, cuernos, pieles y garras en empresas de Caza & Safari dejan al descubierto un terrible delito.
Este reportaje fotográfico revela la magnitud del problema.
En 2024 se generó una fuerte controversia en Argentina luego de la apertura de la habitual temporada de caza deportiva en Santa Cruz para resolver el conflicto con la producción ovina.
Los permisos incluyeron la cacería de especies nativas como el puma, el guanaco o el zorro colorado y gris. Comunidades locales, ambientalistas y científicos cuestionaron duramente la medida.
La polémica se centra en que es difícil medir hasta qué punto el permiso para cazar es una efectiva herramienta de control que les permita a los productores ovinos sostener un negocio ancestral que atraviesa una crisis no sólo por la depredación de las ovejas.
Organizaciones civiles firmaron un documento que dice que “las legislaciones actuales que promueven la caza de guanacos, pumas y zorros para resolver el conflicto con la producción ovina ignoran nuevas formas de producir en armonía con la conservación de la naturaleza”.
“El solo hecho de que el problema siga existiendo, después de las intensivas campañas de erradicación sostenidas por el Estado, indica con claridad que el control letal de los depredadores nativos fracasó”, dice el biólogo Emiliano Donadío, sobre la polémica que despertó el permiso para cazar pumas, zorros y guanacos en Argentina.
Ese mismo año, la caza y asesinato de un jaguar en la provincia de Formosa causó gran indignación en el país. Este hecho aumenta el riesgo de extinción de la especie en el Chaco argentino. Expertos estiman que quedan alrededor de diez en toda el área, aunque las cámaras trampa instaladas en la zona sólo han logrado registrar a seis.
El investigador Agustín Paviolo señala que “el impacto es tremendo porque tenemos muy poquitos individuos. Ni siquiera estamos seguros de que el resto de los que conocemos estén vivos”.
El yaguareté, nombre con el que se conoce a los jaguares en Argentina, ha sido declarado Monumento Natural, tanto a nivel nacional como provincial en Formosa. Por lo tanto, su caza está prohibida y castigada con cárcel.
“Tenemos que convertir toda la indignación y la desesperanza de estos días en motores para que todas las instituciones que quieran participar, redoblen los esfuerzos para salvar a los últimos animales que nos quedan”, dice Lucero Corrales, del CeIBA, sobre el asesinato de uno de los últimos jaguares del Chaco argentino.
Este año, Mongabay Latam reveló que la empresa Caza & Safari, que promocionaba abiertamente la caza de especies protegidas como el pecarí labiado, es investigada por tráfico ilegal de vida silvestre en Argentina y Bolivia.
Tras un allanamiento, las autoridades encontraron animales vivos, armas, municiones, memorias extraíbles y vehículos de alta gama. Además, se confiscaron unas 8000 partes de animales, entre cráneos, cuernos, pieles y garras.
Las autoridades argentinas detuvieron a siete supuestos responsables. Uno de ellos es Jorge Noya, un reconocido cazador en la escena global y supuesta cabeza de la operación. Este podría ser el caso más grande de tráfico de fauna en Argentina y además se trataría de una red de crimen organizado transnacional compuesta por cómplices del poder político y económico.
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“Estaban haciendo fusilar a animales en situación de cautiverio”, dice Emiliano Villegas, coordinador de fauna del Área Operativa de la Brigada de Control Ambiental en Argentina, sobre la empresa que es investigada por cazar ilegalmente especies protegidas en Argentina y Bolivia.
Un empresario de Argentina es el nuevo imputado en la investigación contra Caza & Safari. Se trata de Carlos Pablo Escontrela, propietario de dos cotos de caza investigados en Santiago del Estero, llamados Santo Domingo y Guampacha. Escontrela figura como socio de Jorge Noya, dueño de Caza & Safari, en la firma de cacería Los Moros SA.
Las autoridades creen que así buscaban dar una apariencia de licitud a las actividades que realizaban los implicados presuntamente en asociación ilícita.
En Guampacha y Santo Domingo, las autoridades hallaron una fotografía de Escontrela posando con un ejemplar de jaguar muerto. También hallaron en uno de sus cotos a un cachorro de puma vivo encerrado en un tanque y cinco pecaríes en corrales.
Para las autoridades, Escontrela debe ser investigado además por maltrato animal. Los especímenes estaban privados de su libertad y en condiciones deplorables de cuidado. Sospechan que el objetivo de mantenerlos en cautiverio era soltarlos para que sean cazados por los clientes.
Hasta el momento, siete personas están imputadas por supuesta asociación ilícita, presuntos delitos agravados contra de la fauna silvestre y el supuesto delito agravado de provisión ilegal de armas de fuego.
Imagen principal: La piel desollada de un puma aparece colgada de un portal de madera en un campo de Santa Cruz. El control letal de la especie es un rasgo cultural muy arraigado en ese territorio. Foto: Gonzalo Pardo.