- La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca reportó que, entre enero de 2017 y abril del 2024, al menos 817 niños indígenas originarios del norte de este departamento del suroccidente colombiano han sido reclutados por grupos armados.
- Un reporte publicado por la organización da cuenta de cómo los territorios ancestrales indígenas nasa, asediados históricamente por el conflicto armado, son los sitios de donde la guerrilla del ELN y diversos frentes de las disidencias de las FARC extraen a menores de edad —de entre 11 y 17 años— para entrenarlos para la guerra, así como para acciones de vigilancia y recolección de información de inteligencia.
En Colombia, el conflicto armado se alimenta de niños que cargan fusiles más grandes que ellos mismos. Los territorios del norte del Cauca —en donde las infancias son consideradas semillas para el futuro del pueblo indígena nasa— se han convertido en uno de los principales sitios de donde los grupos armados extraen y reclutan niños para la guerra.
Entre enero del 2017 y abril del 2024, al menos 817 niños y adolescentes indígenas nasa han sido forzados a formar parte de las filas del conflicto armado, según reportó la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
“No podemos permitir que estos chicos hagan parte de un conflicto que no les corresponde, que hagan parte de una guerra que no es nuestra. Quitarnos las semillas es algo muy preocupante para las comunidades, porque de ellas depende nuestro futuro como organización”, se lamenta Anyi Zapata, coordinadora del Tejido Defensa de la Vida, mecanismo de ACIN para la defensa de los derechos humanos de los indígenas nasa.
A pesar de la escandalosa cifra, la organización asegura que el subregistro es significativo. Sus estimaciones plantean que, por cada caso de reclutamiento de un menor registrado, existen, por lo menos, tres casos que no son reportados a las autoridades locales ni a las estructuras organizativas.
“Los entrenamientos son pocos, pero los niños deben hacer las mismas tareas que hace alguien mayor: ir a los combates, vigilar, cocinar. Si tienen 11 o 12 años, no hay diferencia. Es lo mismo para todos. En los combates, los sacan rápido: los colocan como botín de guerra”, afirma Luz Nery Noscue, integrante de la estrategia Recomponiendo el Camino de Vuelta a Casa, una iniciativa del Tejido de Defensa de la Vida para luchar contra este flagelo.
Según la organización, las comunidades que han resultado más afectadas por el reclutamiento, son Huellas, Toribío, Tacueyó, San Francisco, López Adentro, Páez de Corinto, Las Delicias, La Concepción, La Cilia – La Calera, Jambaló, Guadualito, Pueblo Nuevo Ceral, Tóez y Canoas.
“El norte del departamento del Cauca ha sido históricamente azotado por el conflicto armado. Uno de los posibles factores que hacen que esta zona sea tan llamativa, es que es una zona geográficamente muy estratégica: las vías terciarias que hay en los territorios permiten el a otros departamentos e incluso a la costa Pacífica. Esto vuelve a esta zona muy apetecida para la circulación del narcotráfico”, explica Zapata.
Sin embargo, los niños y adolescentes no son utilizados para acciones de guerra en esos mismos territorios, sino que son llevados al sur del departamento del Cauca, así como hacia el occidente del departamento de Nariño, el occidente del Huila y las tierras altas del Putumayo, sostiene la organización.
“No solamente es el hecho de reclutar, sino que estamos viendo una trata de personas. Estos chicos no son retenidos acá, sino que se los llevan directamente hacia estas zonas de altos combates y de allá es que regresan heridos o muertos”, asevera Zapata.
Todavía no se ha concretado información clara sobre el número de menores que fueron reclutados y luego murieron en combates, pero ACIN sostiene que serían más de 50 casos.
“Más de 800 han sido llevados a la guerra, pero muchos de ellos han regresado nuevamente al territorio asesinados. Otro porcentaje ha llegado con enfermedades, mutilados o con heridas tan graves que han estado internados en hospitales”, afirma Zapata.
Las cifras oficiales
A inicios de junio del 2024, la Defensoría del Pueblo emitió el informe ‘Los contrastes de la realidad humanitaria: un país que busca la paz’, a partir de información obtenida desde el 2017 a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la estrategia de prevención más importante del Estado colombiano.
El documento expone que, en los últimos siete años —con corte al 31 de diciembre del 2023— se registraron 261 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en todo el departamento del Cauca, dos casos de uso y dos de amenazas, pero reconoció que existe un alto nivel de subregistro.
Sin embargo, el 21 de junio del 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, durante el anuncio de la “Misión Cauca” —una iniciativa para transformar el departamento mediante la sustitución de economías ilícitas por proyectos productivos y sociales—, afirmó que la cifra de menores indígenas reclutados en el Cauca es de 350 y calificó estas acciones de los grupos armados como un delito de lesa humanidad.
“Los niños del Cauca se vuelven el escudo de los armados contra el Estado”, afirmó el mandatario. “Un niño no es un combatiente, es un rehén […]. A la población rural caucana la han tomado como objeto de un crimen contra la humanidad, para que el Estado no choque militarmente contra los del business [negocio]. Siguen enriqueciéndose, con eso compran más armas, controlan más población, se mueven y hacen business con la sangre del pueblo caucano. A mí me parece que el Ejército tiene que asumir aquí una responsabilidad, conjuntamente con el gobierno”, sostuvo.
Los actores armados
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) Çxhab Wala Kiwe —“Territorio del gran pueblo”, en español— señala directamente como responsables a los grupos armados presentes en los territorios: los Frentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, la Segunda Marquetalia y el Frente 57 Yair Bermúdez, actores armados que hacen parte del Estado Mayor Central de las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Entre los señalados también está la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional del (ELN).
“La presencia histórica de los actores armados ha generado un fuerte nivel de control en el territorio. Esto ha sido así desde los últimos Acuerdos de Paz que se hicieron, que fueron durante el 2016, cuando salen las antiguas FARC del territorio. Para 2017, de tener sólo un actor armado —las FARC— pasamos a tener 17. Luego se unieron, crearon alianzas y pasamos a tener unos cinco”, explica Zapata.
A partir de entonces, los actores armados fortalecieron sus estructuras y dejaron caer un ataque directo hacia las organizaciones indígenas quienes se han negado a ceder su autoridad ancestral sobre los territorios. En respuesta, las comunidades empezaron a trabajar en sus planes de protección y organizar sus propias guardias indígenas, describe la defensora.
“Como comunidades indígenas que siempre le hemos apostado a la paz, podemos decir que, en algún momento, soñamos con escenarios tranquilos y armoniosos en los territorios. Sin embargo, eso nos duró los seis primeros meses, en donde efectivamente no veíamos ninguna acción bélica”, agrega Zapata. Sin embargo, las propias comunidades empezaron a reportar pequeños grupos de personas armadas configurando un conflicto por su pretensión del poder sobre el territorio.
Los métodos de reclutamiento
La visión del mundo, desde la perspectiva indígena nasa, señala que todos los integrantes de su pueblo tienen obligaciones con la Madre Tierra. De allí se desprenden los deberes de ofrendar y pagar a los espíritus por sus bondades. Una de las formas es mantenerse en comunidad y cuidar a la familia extensa —en todas las etapas de maduración de cada individuo—, lo que garantiza armonía y equilibrio colectivo.
Sin embargo, cuando ocurre el reclutamiento de menores, hay una ruptura. Se trata de una separación violenta de un miembro de la comunidad, lo que implica un grave riesgo de pérdida en la reproducción de sus prácticas culturales y el conocimiento de la naturaleza. Es decir, llevarse a los niños —sus semillas— podría dirigirlos a un exterminio cultural.
“Esta es la razón por la cual el reclutamiento de menores representa una desarmonía tan grande para nosotros. En la medida que avanza el involucramiento de la niñez y la juventud nasa en la guerra, se debilitan las familias, se reduce la asamblea, se pierde la autoridad ancestral, se vulnera el proceso organizativo y se hace más inminente nuestra desaparición física y cultural”, sostiene el reporte de ACIN
El reclutamiento se da en un contexto de carencias económicas, educativas y afectivas, explica Luz Nery Noscue. Por ello, la estrategia de los grupos armados ha sido acercarse a los niños y adolescentes más vulnerables en el territorio.
“Son reclutados forzosamente, no se van por simple gusto. Siempre que hemos revisado los casos de los niños, tienen una trayectoria bastante difícil a nivel familiar, económico y no han podido culminar la educación”, dice Noscue.
Los mecanismos de reclutamiento de los grupos armados consisten en otorgar recompensas a los niños por mandados o favores; enamorar a los menores en espacios sociales como fiestas, ferias o eventos deportivos; crear supuestas amistades o emplearlos como vendedores de sustancias psicoactivas. También hay casos de menores adoctrinados para volver a las escuelas y convencer a sus compañeros de sumarse a las filas de la guerra.
“Los grupos armados llegan en unas edades muy sensibles, en donde los niños de 12 a 14 años empiezan a experimentar etapas como el enamoramiento y el querer verse grandes. Se aprovechan de eso. Entonces, enamoran a las niñas y, una vez ilusionadas, se las llevan a las zonas de combate. Son niñas y niños que nunca volvemos a ver. Hay una manipulación directa a sus necesidades y eso es completamente grave, hay un desarraigo de su comunidad y de su familia”, agrega Anyi Zapata.
Volver a casa
A pesar de este panorama desolador para las infancias y sus comunidades, las organizaciones indígenas no se han rendido. A la fecha, han logrado recuperar alrededor de 150 niños —algunos de ellos han logrado escapar de los grupos armados— y luego los han tenido que sacar del territorio nasa para su protección.
“Están en algunas fundaciones, en diversos albergues y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pero también estamos trabajando en cómo generar esos espacios de protección dentro de los territorios, para evitar su salida”, sostiene Zapata. En estos sitios temporales —en donde permanecen entre tres y doce meses—, pueden formarse, estudiar y terminar su nivel educativo correspondiente. Esto ocurre mientras su comunidad se organiza para recibirlos de vuelta, luego de resolver una serie de protocolos culturales y de seguridad.
“Se procura generar un nivel de protección al entorno al que el chico va a llegar y, una vez que llegue, ya habrá una comisión que va a estar encargada de velar por su seguridad, entre la guardia, las autoridades y la comunidad”, explica Noscue.
Además, las comunidades nasa se han organizado para generar alianzas no sólo con el gobierno colombiano, sino con organizaciones que les otorgan recursos para sostener sus actividades. Sin embargo, ha resultado complicado contar con una economía estable para sus propuestas de trabajo, pues muchos de los proyectos son a través de cooperación internacional y duran pocos meses.
“Sentimos que nos estamos volviendo asistenciales, porque a veces solamente logramos ir un momento a las comunidades y luego ya no podemos regresar”, concluye Anyi Zapata. “Como organización, hemos visto que es muy importante fortalecer los acompañamientos psicosociales, los espacios de sanación para las comunidades y las familias. Desafortunadamente, eso no ha mejorado. Pero las comunidades hemos aprendido a trabajar con las uñas, aprovechando lo que tenemos para generar más espacios comunitarios y de esperanza”.
Imagen principal: Guardia indígena escolar y cabildo kokonuko, en el Cauca, Colombia. Foto: PEBI-CRIC
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