- Después del Acuerdo de Paz, en el departamento de Putumayo aumentó la deforestación y los habitantes señalan que el Estado abandonó los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito.
- En un operativo militar, el 28 de marzo fueron asesinados el presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Remanso y el gobernador indígena del resguardo de Bajo Remanso en el municipio de Puerto Leguízamo. Las fuerzas militares insisten en que el ataque armado fue un operativo legítimo; organizaciones sociales afirman que fue una masacre de civiles ajenos al conflicto armado y el narcotráfico.
*Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y Rutas del Conflicto.
La comunidad de Alto Remanso, en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, ha sufrido la disputa entre las disidencias de las extintas estructuras 15, 32 y 48 de las Farc por el control de las zonas donde se cultiva coca y por las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico. Mientras sus vidas están en riesgo por las acciones de los hombres armados, también ven cómo la selva amazónica se deforesta.
En su informe de 2021, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señaló que después de Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo tuvo la mayor tasa de tala en el departamento con 1067 hectáreas de bosque perdido en 2020.
Los habitantes de la zona denuncian que la respuesta del Estado para controlar el territorio de las actividades del narcotráfico y de la deforestación ha sido solo militar. Los campesinos e indígenas del pueblo kichwa se han enfrentado con la Fuerza Pública por la erradicación forzada de cultivos de coca.
En voz de Gerardo Jumi Tapia, consejero general de la Organización Nacional Indigena de Colombia (ONIC), la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) —que promueve la sustitución voluntaria y manual de marihuana, amapola y coca, mientras se ofrecen proyectos que combatan las condiciones de pobreza y marginalidad de los campesinos—, ha sido ineficaz pues las comunidades se sienten solas y a merced de los grupos armados.
En este contexto fue que el 28 de marzo de 2022, tras un operativo del Ejército Nacional, fueron asesinados el presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Remanso, Didier Hernández y su esposa; la autoridad indígena kichwa, Pablo Panduro Coquinche, del resguardo Bajo Remanso y ocho personas más. Ese mismo día, la comunidad se vio obligada a desplazarse de la vereda el Alto Remanso a la cabecera municipal de Puerto Asís, debido al temor que genera la presencia de grupos armados ilegales e, incluso, las acciones militares del Estado.
Familiares de las víctimas mortales y testigos de los hechos se han negado a contar su versión ante los medios por miedo a ser identificados y que se tomen represalias contra ellos. Lo que pasó en Puerto Leguízamo es tan grave que las organizaciones indígenas como ONIC y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) han denunciado que las acciones del ejército fueron una masacre y un caso de “falsos positivos”.
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¿Qué pasó el 28 de marzo?
Aquel lunes, alrededor de las 7 de la mañana, el Ejército Nacional inició un operativo militar contra supuestas disidencias de la guerrilla de las FARC conocidas como ‘La Segunda Marquetalia’, en la zona rural del municipio de Puerto Leguízamo. Su objetivo era capturar a alias ‘Bruno’ y alias ‘Managua’, comandantes financieros del Frente 48, encargados de la comercialización de droga.
Sin embargo, días después se conocieron otras versiones de lo que pasó en la vereda del Alto Remanso: tanto organizaciones indígenas, redes de derechos humanos, testigos de los hechos y familiares de las personas asesinadas empezaron a denunciar, a través de medios de comunicación y redes sociales, que lo sucedido en la caseta de Acción Comunal fue “una masacre perpetrada por el ejército”. “Lo que sucedió aquí fue una masacre. Un acto desproporcionado contra civiles en medio de una celebración”, le dice Óscar Daza, coordinador de derechos humanos de la OPIAC a Rutas del Conflicto y Mongabay Latam.
En la tarde de ese lunes 28 de marzo, la OPIAC denunciaba las irregularidades en la operación militar mientras que el Ejército Nacional le hablaba al país de 11 bajas de disidencias de las Farc y cómo este operativo era un fuerte golpe para el grupo armado. Tras las denuncias, el ministro de Defensa, Diego Molano, reafirmó que realizaron el operativo según los protocolos necesarios para estas acciones, porque habían detectado a hombres armados en el bazar que ese día se realizaba en la vereda.
“Todo el mundo sabía que estaban en una celebración. Todo el corregimiento estaba reunido para juntar dinero para las actividades de la Junta de Acción Comunal. Se había hecho una convocatoria días atrás. Se sabía que había civiles en el lugar”, afirma Daza.
El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo Gonzalez, afirmó que, según los testigos y la información recogida durante estos días, el ejército entró disparando sin ninguna consideración en contra de la gente que estaba en una fiesta. “Se necesita una intervención del Estado para que no se siga oscureciendo el panorama y una investigación que cuente con una misión internacional para que no se convierta en otro hecho de impunidad”, resaltó.
Rutas del Conflicto y Mongabay Latam hablaron con varias fuentes en Puerto Leguízamo. Muchos decidieron desplazarse de la vereda por miedo a verse en medio de nuevos episodios de violencia. Para las organizaciones sociales también ha sido complejo recolectar toda la información necesaria para exigir una comisión internacional y un panorama que aclare lo sucedido en Alto Remanso, porque no saben dónde se encuentran muchas de las personas que presenciaron los hechos y otras se niegan a hablar.
Tras nueve días del ataque armado, no se sabe cuántas personas están desaparecidas ni cuántos se desplazaron o dónde están. La población tiene miedo. “No hay dato exacto de desaparecidos. En este momento estamos pidiéndole a todas las juntas que, al interior de sus veredas, hagan una especie de censo para mirar quién falta”, dice Yury Quintero, coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos.
Un habitante de la vereda grabó este video compartiendo en el bazar unos minutos antes de la llegada del Ejército
¿Guerra contra el narcotráfico o contra campesinos cocaleros?
“Nosotros no somos narcococaleros. Somos campesinos que, por las precarias condiciones económicas, sembramos y cultivamos la hoja de coca”, enfatiza Argemiro Hernández, padre de Didier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal y quien fue asesinado en la caseta comunitaria donde se llevaba a cabo una actividad grupal.
El hombre relata que Didier se desempeñaba en labores de carpintería y construcción de casas en madera. Había llegado desde su natal Florencia, departamento de Caquetá, hacía un año y medio con la intención de vincularse a los proyectos de construcción de la vereda. Allí, en vista de las malas condiciones de vida de la zona, decidió participar de las acciones organizativas de la comunidad hasta que, el pasado mes de marzo, fue nombrado presidente de la Junta de Acción Comunal.
Jonier, hermano de Didier Hernández, relata que “era un hombre muy espontáneo y un buen orador en público. Le gustaba mucho el deporte y por eso quería recoger fondos para reparar el Polideportivo”. De hecho, el día de la masacre se había organizado un bazar para recaudar dinero. “También se estaban recogiendo ayudas para las familias y personas de la comunidad que se ven afectadas por las constantes inundaciones”, dice su padre.
Horas después de la masacre, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) llegó al lugar para hacer el levantamiento de los cuerpos y la correspondiente investigación. Testigos de los hechos denunciaron que el Ejército tuvo retenidos a los sobrevivientes y a varios habitantes de la zona durante varios minutos. “Cuando llegué allá, los sobrevivientes estaban acostados contra el piso con las manos atrás. Cuando mi esposa llegó a ver a mi hijo [Didier Hernández], vio que los tenían en bolsas, en hamacas y amarrados”, denuncia Argemiro Hernández al referirse al maltrato en el procedimiento realizado por la dirección de la fiscalía y el ejército.
Estas irregularidades denunciadas ante medios de comunicación y la comunidad internacional son las que han puesto en duda la legitimidad de la operación de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el narcotráfico.
Fuentes testimoniales y expertas, que por razones de seguridad no quisieron dar su nombre, no solo señalan que esto se trata de un caso de “falsos positivos” —nombre que reciben los asesinatos extrajudiciales cometidos por las Fuerzas Armadas con el objetivo de presentar resultados en sus enfrentamientos contra las guerrillas o carteles del narcotráfico—, sino también de la evidente ineficacia de la implementación del PNIS.
Yuri Quintero, lideresa defensora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos, en diálogo con el diario El Espectador señaló que “no se han cumplido las condiciones a las familias que se vincularon al programa y por eso han seguido con la hoja de coca, que es el principal cultivo en la zona, lo que los sigue haciendo víctimas de la reconfiguración de los actores del narcotráfico”.
Estefanía Ciro, investigadora del centro de pensamiento de la Amazonía A la Orilla del Río le dijo a Mongabay Latam y Rutas del Conflicto que “la coca salva del hambre a la gente. Si no fuera por ella, durante la pandemia hubieran muerto centenares de campesinos”.
Un habitante de la región, que por razones de seguridad prefiere no ser identificado, enfatizó en repetidas ocasiones que “este es el resultado del olvido del Estado, que no reconoce a los campesinos e insiste en señalarlos de narcotraficantes. Hace unos meses, del gobierno vinieron y me arrancaron mi cultivo, pero nunca nos dieron algo para sembrar que realmente nos permitiera subsistir”.
La ONIC denuncia la poca voluntad del gobierno de Iván Duque en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente los puntos de sustitución de cultivos de uso ilícito. “Las comunidades iniciamos de manera voluntaria y manual la sustitución, que era el compromiso del Acuerdo. Eso no se está llevando a cabo y pareciera que la paz no se hubiera firmado. Pareciera que la guerra continúa y se ha incrementado”, afirma Gerardo Jumi Tapias.
Tan solo tres días antes de lo sucedido, el 25 de marzo de 2022, Fernando Londoño, director del PNIS, denunció que grupos ilegales estarían amenazando a los campesinos para que vuelvan a los cultivos ilícitos. Actualmente, en Putumayo hay 20 300 familias inscritas en el programa y 20 000 hectáreas sembradas con coca, según datos aportados por Londoño.
La lucha por el territorio quedó huérfana
Pablo Panduro venía de una familia de liderazgo indígena y pasó por todos los cargos dentro del resguardo kichwa Bajo Remanso. Fue secretario y tesorero hasta que, en enero de 2022, llegó a ser el gobernador. Como relatan varias personas que lo conocieron, su lucha se centraba en el cuidado ambiental y en la concepción del territorio. “El gobernador siempre estuvo interesado en el cuidado del agua. Su muerte significa la interrupción de los sistemas espirituales, de los sistemas de gobierno que cada día intentamos fortalecer. Su muerte los interrumpe y los retrocede”, comenta Óscar Daza.
Panduro llevaba tres semanas organizando el bazar en el que se dieron los asesinatos. Necesitaban recolectar dinero para el mantenimiento del parque, el polideportivo y la escuela de la vereda.
Aunque no se conocían alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y tampoco la comunidad denunció que estuvieran en peligro tiempo atrás, la presencia de grupos armados dedicados al narcotráfico los pone en la mira, tanto de los ilegales como del propio ejército. “Nosotros no volvimos a cazar para que no nos vieran con armas y dijeran que éramos de este grupo o de este otro”, afirma un habitante de la vereda Alto Remanso.
La muerte violenta del gobernador significa, según dicen los indígenas, un momento de crisis para el resguardo. Necesitan elegir un nuevo líder que los represente en medio del desplazamiento de la comunidad, la incertidumbre, el miedo y la violencia. Para Gerardo Jumi Tapias, la muerte de un indígena, y sobre todo de un gobernador, es un golpe a la supervivencia de un grupo minoritario en riesgo, además de una gran pérdida cultural. Según Indepaz, en lo que va del 2022, ocho líderes y firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados en Putumayo y se han perpetrado tres masacres en Puerto Leguízamo que han cobrado la vida de 20 personas.
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Los señalamientos al gobierno
El mismo día del operativo militar, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció a través de Twitter que el operativo no fue contra campesinos sino contra disidencias de las FARC. “No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a los colombianos”, dijo Molano. Posteriormente, el Presidente Iván Duque reafirmó la versión diciendo que se incautó armamento correspondiente al Frente 48.
Sin embargo, las múltiples pruebas aportadas por las redes de derechos humanos pusieron en duda esta versión. En los videos y fotografías se observa cómo las personas departían alrededor de la música, la comida y las bebidas en la caseta comunal. Debido a esto, la OPIAC ha declarado en sus redes sociales, e insiste, en que se puede tratar de un nuevo caso de “falsos positivos”.
El general que confirmó la operación, Édgar Alberto Rodríguez, comandante del Comando Conjunto No. 3 del suroriente del país, tiene antecedentes en casos de ejecuciones extrajudiciales entre julio de 2006 y diciembre de 2007. Esta información fue denunciada en el 2020 por los senadores Antonio Sanguino, Feliciano Valencia e Iván Cepeda, quienes mencionaron la participación de Rodríguez en 63 ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, un experto de la División de las Américas de Human Rights Watch habla de siete ejecuciones en 2006 y 25 en 2007.
Andrea Giménez, representante del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (OBSURDH), en diálogo con el medio RCN Radio, aseguró que en el informe que entregó esta organización a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había documentadas 50 presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, ocurridas cuando el entonces teniente coronel Edgar Alberto Rodríguez Sánchez fue comandante del batallón Magdalena. Por estas implicaciones, el hoy general Rodríguez, fue citado por la JEP a rendir versión dentro del Subcaso Huila de “falsos positivos”.
“Los militares de Colombia le están mintiendo al país y no quieren reconocer que han hecho un falso positivo, dejando víctimas con esa acción criminal y con esa masacre que se acaba de cometer”, afirma Óscar Daza, dirigente de la OPIAC.
Tanto la Red de Derechos de Humanos de Putumayo, la ONIC y la OPIAC estuvieron en el lugar de los hechos recolectando pruebas e información. Se espera que en los próximos días entreguen un informe a los entes de control y a la comunidad internacional en busca de la verdad. “Es fundamental poder decirle al Gobierno Nacional y a las instancias internacionales que hay comunidades en riesgo, que hay comunidades abandonadas y que, en consecuencia de eso, hay civiles muertos, líderes y representantes indígenas asesinados, personas desaparecidas. Eran civiles, eran habitantes de la comunidad y no hacían parte del conflicto, no eran personas armadas. No pertenecen a un grupo”, afirma Yuri Quintero, coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos. (Ver informe).
*Imagen principal: La comunidad llevaba tres días de actividades para recolectar fondos cuando fueron sorprendidos por el Ejército en una operación militar. Foto: cortesía comunidad.
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