- Unos 100 barcos estarían entrando a pescar ilegalmente al mar argentino en plena pandemia COVID-19.
- Este problema ocurre todos los años desde hace décadas y expertos aseguran que para solucionarlo es urgente que se firme el Tratado sobre Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Altamar que ha sido postergado por la crisis sanitaria.
En tiempos de COVID-19, la pesca ilegal no se detiene. En los últimos días, la armada argentina ha protagonizado espectaculares persecuciones en altamar tras sorprender a barcos pescando ilegalmente al interior del territorio marítimo de ese país. Estos operativos llevaron incluso a la detención de dos embarcaciones: una china y otra portuguesa.
Estos eventos, sin embargo, no son una novedad. Desde hace décadas el mar argentino es invadido todos los años por barcos extranjeros que buscan capturar calamares gigantes (Illex argentinus). Las naves que cruzan la frontera marítima para pescar ilegalmente, sin embargo, son una mínima porción de la enorme flota pesquera compuesta por barcos de diferentes nacionalidades que operan sin límites justo del otro lado de la línea imaginaria que divide el mar de Argentina de las aguas internacionales. Nadie sabe qué capturan ni cuánto estas embarcaciones que se mantienen durante más de un año en el mar, sin volver ni una sola vez a puerto.
Mientras esas actividades se registran de ese lado de América Latina, en el océano Pacífico científicos y expertos, que trabajan en conservación marina, no ocultan su preocupación frente a las consecuencias que pueda traer la actual reducción de monitoreos a embarcaciones producto de la crisis del coronavirus.
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Persecuciones en el mar argentino
El pasado 4 de mayo, la Prefectura Naval de Argentina detuvo al barco pesquero chino Hong Pu 16 mientras pescaba ilegalmente en aguas de la zona económica exclusiva del país sudamericano. Según la prensa local, el operativo se habría iniciado a las dos de la mañana con una persecución que incluyó disparos intimidatorios al aire para detener la embarcación que intentaba darse a la fuga hacia aguas internacionales.
El barco, que según la Organización Marítima Internacional pertenece a la empresa China Zhoushan Hongpu Ocean Fishery, fue capturado y trasladado al puerto de Bahía Blanca, en Argentina, luego de seis meses y 29 días de navegación.
Pero este es solo el último barco de otros dos que han sido perseguidos por la Armada argentina en las últimas semanas por estar pescando ilegalmente.
Un día antes de la captura del Hong Pu 16, la armada argentina detuvo al Calvao. Un barco pesquero portugués que pesca con redes de arrastre y que pertenece a la empresa portuguesa António Conde & Companhia, S.A.
Tras ser detectado realizando actividades pesqueras, sin autorización al interior del territorio marítimo argentino, “el buque varió su rumbo hacia aguas internacionales, sin cesar sus tareas de pesca, y se dio inicio a la persecución”, señala un comunicado de la Prefectura. Tras ser capturado, el barco fue llevado al puerto de Bahía Blanca y, según señala la prensa portuguesa, el gobierno de Portugal abrió una investigación en contra de la compañía propietaria de la nave.
Pero quien sí logró fugarse de la Armada argentina fue un segundo barco chino: el Lu Rong Yuan Yu 668 perteneciente, según la Organización Marítima Internacional, a la compañía china Rongcheng Rongyuan Fishery que es propietaria de otro 49 barcos de pesca.
Aunque la armada persiguió al barco por mar y por aire, una fuerte tormenta impidió su captura aunque sí se lograron reunir las pruebas respaldatorias y técnicas para determinar la posición e identificación del buque por lo que se inició un sumario istrativo y judicial por presunta infracción al Régimen Federal de Pesca.
Las trampas para burlar la ley
Los investigadores de Global Fishing Watch detectaron que el Lu Rong Yuan Yu 668, que se dio a la fuga tras ser perseguido por la Prefectura Naval Argentina, tiene el mismo número de identificación que el Lu Yan Yuan Yu 016, otro barco pesquero chino. Esto se pudo establecer a través del servicio móvil marítimo (MMSI) —número que permite identificar a las embarcaciones—.
“Son barcos gemelos, mellizos y obviamente que esta es una manera de encubrir ilícitos”, señala Milko Schvartzman, especialista en conservación marina de la organización Círculo de Políticas Ambientales, una organización argentina que promueve el fortalecimiento de la agenda política ambiental a través de la investigación. Por ejemplo, “mientras una embarcación tiene su sistema satelital encendido, la otra lo tiene apagado y pesca ilegalmente. Entonces, cuando uno dice ¿dónde está este barco? ¿cómo tienen el mismo MMSI? La respuesta es: el barco está pescando legalmente en una zona que no está prohibida”, explica Schvartzman.
Un informe elaborado por la organización Oceanosanos sobre irregularidades en la identificación de embarcaciones en el puerto de Montevideo señala, además, que numerosos barcos manipulan su identidad transmitida a través del sistema satelital. Según el estudio, el 1 % del total de naves transmite una identidad falsa, el 19 % apaga su sistema para encubrir ilícitos y el 44 % de las embarcaciones chinas manipula la posición GPS que transmite el sistema satelital.
Esta región del Atlántico sur es de las pocas en el mundo que no está regida por ninguna Organización Regional de Ordenación Pesqueras (OROP), organismos intergubernamentales que establecen medidas de conservación y istración de ciertas pesquerías en altamar. Según Schvartzman, “esta es una de las razones por las que esta región es una de las tres o cuatro en el mundo de mayor pesca ilegal del planeta y con mayor concentración de barcos que operan de manera no regulada”.
En opinión del experto, la forma de resolver el problema no es una sola, sino que está conformada por una serie de acciones que deben ser tomadas de manera conjunta y simultánea. “Es importante el patrullaje, pero esa es una parte. Lo que falta es el trabajo diplomático de los organismos internacionales”, precisa. Ello permitiría, por ejemplo “crear un área marina protegida en aguas internacionales con diferentes niveles de restricciones. De esa manera se podría disolver un poco esta gran flota que opera en esta región”. Para eso, aseguran los expertos, es importante que se firme el Tratado sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad en altamar.
El objetivo de este tratado —que debía firmarse este año pero que ha sido aplazado por la crisis del COVID-19— es crear un marco jurídico para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina de los océanos en altamar, es decir, en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Este tratado podría, entre otras cosas, contribuir a detener la sobrepesca y crear áreas marinas protegidas en lugares que por estar fuera de la zona económica exclusiva de los países, no pueden ser salvaguardadas por ningún gobierno de manera individual.
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Una enorme flota pesquera
Los barcos perseguidos por la Armada argentina en los últimos días son solo tres de los 100 que, según Greenpeace, ingresan ilegalmente a aguas argentinas para pescar merluza (Dissostichus eleginoides) y principalmente calamar gigante o pota (Illex illecebrosus).
Este problema, sin embargo, no es nuevo. Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos en Greenpeace, asegura que desde los noventa, todos los años, cientos de barcos chinos, coreanos, españoles, portugueses, entre otras nacionalidades, llegan entre enero y julio a pescar calamar al Agujero Azul, una zona rica en biodiversidad marina ubicada en aguas internacionales justo en el límite con el mar argentino. Algunos de estos barcos “van tras el recurso y se meten a la zona económica exclusiva de Argentina sin autorización”, explica Vueso. Ese es el momento en el que los barcos incurren en ilegalidad, precisa la bióloga marina Valeria Falabella, miembro del programa marino de la organización de conservación WCS.
Para Vueso este traspaso de fronteras nunca es un error. “Ellos —asegura— saben perfectamente que se están metiendo en zona prohibida, por algo apagan los sistemas satelitales”.
En efecto, los tres barcos que la Prefectura ha perseguido en los últimos días tenían su sistema satelital apagado para no ser detectados. Ello a pesar de que es obligatorio transmitir la posición exacta de una embarcación para evitar, por ejemplo, colisiones entre buques.
Schvartzman coincide en que “la actividad que hay hoy es la misma que ha habido en los últimos años”. Sin embargo resalta que se ha ido incrementando con el paso del tiempo. “Si uno analiza la cantidad de barcos que se estimaba para el año 95, 96 había un centenar de embarcaciones […] hoy, en el pico de la temporada de calamar, entre enero y febrero, llegan a ser 500 barcos”, es decir, que “en 25 años se cuadruplicó la cantidad de embarcaciones pescando en la zona”, dice el experto.
El problema de estas naves, precisa Schvartzman, es que realizan una pesca no regulada y no reglamentada, ya que “no tienen observadores a bordo, no cumplen con ninguna temporada de pesca, tampoco con regulaciones sobre tamaños, ni especies y nadie conoce cuánto pescan ni qué”. La manera en que esta flota opera es a través de grandes embarcaciones, llamadas barcos nodriza, que les proporcionan, por ejemplo, alimento y combustible y la posibilidad de cambiar de tripulación. “Son como estaciones de servicio en altamar”, explica Schvartzman, a la que también le transfieren la pesca capturada. De esa manera, los barcos pueden vaciar sus bodegas y seguir pescando sin necesidad de volver a puerto. Es así como Vueso cuenta que durante las campañas de Greenpeace en la zona han “hablado con capitanes que llevan dos años en el lugar pescando”.
Schvartzman asegura que “hay varios estudios y organizaciones que recomiendan prohibir la actividad de transbordo en altamar porque es una actividad que impide la trazabilidad”, es decir, la posibilidad de saber de dónde proviene la pesca que es descargada en un puerto y quién la capturó. “Los barcos nodriza reciben la carga de muchos barcos diferentes que es capturada en distintos lugares y la guardan toda mezclada en una bodega. Entonces nadie puede controlar de qué barco proviene cada cosa”, explica el especialista.
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La importancia del Agujero Azul
El Agujero azul, el lugar en el que cientos de barcos se congregan a pescar pota todos los años frente a la Argentina, es un área que se encuentra sobre la plataforma continental, pero por fuera de la zona económica exclusiva del país sudamericano. Esta combinación de elemento hace de esta zona sea un lugar único.
Valeria Falabella de WCS explica que las plataformas continentales son las zonas más productivas y a la vez donde más se pesca, debido a que al tener profundidades que no sobrepasan los 200 metros, la luz penetra favoreciendo la vida. Además en el borde de la plataforma se ubica un importante frente oceánico llamado el Frente del Talud. Allí, dos masas de agua chocan entre ellas: la corriente de Malvinas y las aguas de la plataforma continental.
Ese encuentro permite que “en el mar se concentre una gran cantidad de fitoplancton que a su vez alimenta al zooplancton y de allí vienen un montón de otras especies”, señala Falabella. Esa es la razón por la que esta zona es muy utilizada por aves y mamíferos marinos, además de especies de interés pesquero tanto para la flota argentina como para la internacional que se las ingenia para traspasar “el límite de la jurisdicción nacional” y realizar pesca ilegal de recursos sobre los que solo tiene “soberanía la Argentina”, indica la científica.
Si bien todo el límite de la zona económica exclusiva de este país coincide con el borde donde acaba la plataforma continental, hay un lugar en el que esto no ocurre: el Agujero Azul. Allí, la plataforma se extiende más allá de la zona económica exclusiva y todas sus bondades antes descritas quedan expuestas a aguas internacionales donde barcos de todo el mundo llegan a pescar.
La solución más efectiva que ven los expertos para intentar disminuir la presión pesquera que existe en este lugar y de paso disminuir la cantidad de barcos que penetran al mar argentino para pescar ilegalmente, es crear en el Agujero Azul un área marina protegida. De hecho, Falabella señala que “desde hace bastante tiempo WCS promueve la protección de una zona que comprende el Agujero Azul más otras dos áreas adyacentes”. Sin embargo advierte que el problema es que “Argentina tiene jurisdicción para crear un área protegida dentro del mar territorial, pero no en aquellas zonas que se encuentran en aguas internacionales”. Por ello, asegura que “es clave el tratado de Altamar”, para que se puedan proteger áreas que están fuera de la jurisdicción de los países.
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Pesca ilegal en tiempos del coronavirus
Una de las consecuencia de la crisis del COVID-19 es que los Organismos Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) han disminuido su cobertura de observadores científicos a bordo, es decir, las actividades de pesca están siendo menos monitoreadas.
La razón, según Pablo Guerrero, director de pesquerías del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) de Ecuador, es que la crisis actual ha provocado que haya limitaciones en los viajes internacionales y, por lo tanto, los observadores no puedan moverse de un lugar a otro. “Para poner gente a bordo de barcos tienes que tener la capacidad logística de mover ese personal. Por ejemplo, si un barco atunero de bandera ecuatoriana está en Panamá, porque llegó a desembarcar allá, hay que enviar a un observador desde Guayaquil o Quito hacia ciudad de Panamá [para que acompañe el barco en su regreso a Ecuador]”, explica Guerrero. Debido al cierre de fronteras y aeropuertos, mientras dure este período de cuarentena, las OROP han pedido que sean los capitanes de barcos los que llenen con información sus bitácoras de pesca.
Científicos y conservacionistas están preocupados por esta situación. Los observadores cumplen la función de recolectar información científica y de fiscalizar que las medidas de conservación se cumplan, por lo que su ausencia podría dejar la vía libre para las malas prácticas pesqueras.
Un grupo de 19 organizaciones ambientales —entre las que se encuentran The Pew Charitable Trusts, IPNLF, Oceana, WWF, Global Fishing Watch o Environmental Justice Foundation— firmó una carta pidiéndole a la OROP que evite las suspensiones a largo plazo de las medidas de monitoreo, control y vigilancia. “La eliminación de elementos clave de monitoreo como la cobertura de observadores humanos, prohibiciones de transbordo en el mar, inspección de puertos y embarque e inspección en altamar debilitaría los vínculos que mantienen la verificabilidad de las actividades relacionadas con la pesca en toda la cadena de suministro de mariscos”, señala la carta.
Aunque las organizaciones precisan que entienden que existen dificultades para “cumplir con los requisitos de cobertura de observadores humanos en este momento, dadas las restricciones de viaje generalizadas en muchas regiones y la preocupación muy real y legítima de que el virus se transmita y luego sea llevado a tierra”, proponen medidas alternativas para evitar que el relajo de la fiscalización traiga consecuencias nefastas. Algunas de ellas apuntan a priorizar el monitoreo electrónico de embarcaciones, dedicar recursos adicionales al análisis de datos de las señales satelitales de posicionamiento que tienen las naves, aumentar las inspecciones portuarias, entre otras.
*Imagen principal: el buque guardacostas al momento de querer abordar al barco de bandera china. Foto: Prefectura Naval de Argentina.
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