- Representantes de pueblos originarios de América Latina reclaman por la titulación de sus territorio y la lucha contra la corrupción.
- Pueblos indígenas denunciaron el racismo que enfrentan y criticaron la política de Donald Tump que lo fomenta.
Una ceremonia de pago a la tierra marcó el inicio del Foro de los Pueblos Indígenas, un espacio de encuentro para representantes de los pueblos originarios de los países de América Latina que se realiza previo a la VIII Cumbre de las Américas.
Representantes de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Panamá y otros países latinoamericanos se reunieron en Lima para debatir sobre la situación que enfrentan los pueblos originarios en temas como territorio, seguridad jurídica indígena, consulta previa ante proyectos de infraestructura, economía indígena y situación de quienes viven bajo amenaza por defender a la naturaleza.
En la inauguración, el martes 10 de abril, el primer ministro peruano, César Villanueva dijo que “no puede haber democracia si no participamos todos, con los mismos derechos, con la presencia visible y activa de todos los pueblos indígenas de América. Y eso, se tiene que transformar en políticas”.
Como resultado de todo un día de debates, se presentó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, documento que contiene las principales demandas de los pueblos originarios y que está dirigido a los jefes de estado que participarán en la Cumbre de las Américas que se realizará los días 13 y 14 de abril.
En el documento figuran el pedido para garantizar los derechos territoriales a través del reconocimiento y titulación de los mismos, así como el cese de las políticas que autorizan los proyectos de inversión de actividades extractivas en tierras indígenas.
Un tema central en la declaración corresponde a la corrupción que facilita el tráfico y el despojo de los territorios indígenas. Al respecto, Romel González, coordinador general de la Coalición Abya Yala —nombre con el que se conoce al continente americano— señala cómo llega hasta ellos la corrupción.“Los partidos políticos te ofrecen unirte a ellos a cambio de prebendas, las empresas te dicen que quieren establecer su proyecto a cambio de cuentas de ‘fantasía’ para quitarnos nuestro territorio y luego presentarnos como culpables. Las primeras en corromper son las empresas y los gobiernos están con ellas”, dice y asegura que para enfrentar este problema es importante que se respete la libre determinación de los pueblos, de tal forma que sean ellos los que decidan qué hacer con sus territorios.
González, quien también es miembro del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, de México, sostiene que es el sistema jurídico latinoamericano el que facilita el ingreso de los proyectos privados de extracción de recursos en los territorios indígenas. “Si nos quedamos sin recursos nos quedamos sin tierras”, dijo.
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“En Colombia es un peligro liderar procesos a favor de las comunidades indígenas”
La Declaración del Foro Indígena también exige la garantía al ejercicio del derecho a la protesta y el fin de la persecución de los líderes y lideresas, así como la derogación de las normas de criminalización para los defensores del ambiente.
Viviana Ipia, representante de la comunidad indígena de Coconuco, del departamento del Cauca, en Colombia, señala que en su país hay un índice elevado de asesinatos de líderes “por el simple hecho de revelarse contra las determinaciones del gobierno nacional que afecta a los pueblos originarios. En Colombia es un peligro, un riesgo liderar procesos a favor de las comunidades indígenas”.
Además de los asesinatos —continúa Ipia— hay líderes presos de manera injusta. “Si reclamamos que se respeten nuestros derechos, se nos tilda de guerrilleros y paramilitares. Ese es el contexto de ser líder social en Colombia”. También se refirió a los procesos de consulta previa, que, según dijo, no se realizan de acuerdo a las normas establecidas. “Cuando un pueblo rechaza un proyecto, el gobierno colombiano busca otras instancias para que de todas maneras se realice la obra. Se imponen los proyectos”.
Otro de los reclamos indígenas de la región se refiere a la eliminación de la discriminación y el racismo institucional. “Para que se fortalezca la paz de todos los pueblos indígenas de nuestra Abya Yala es necesario derogar las leyes que propugnan el racismo, el despojo de nuestros territorios, la discriminación y violación de los derechos colectivos de todos los derechos de los pueblos indígenas y reconocer y dar cumplimiento a los diferentes Tratados y Convenios Internacionales que reconocen la obligatoriedad de los Derechos de los Pueblos Indígenas”, indica la Declaración del Foro Indígena que se entregará a los jefes de gobierno que llegarán a Perú.
Sobre este tema, el coordinador general de la Coalición Abya Yala, señala que existe una regresión en el pensamiento de muchos gobiernos con relación a los indígenas. “Como cuando llegaron los españoles y pensaban: ¿son humanos o no?, ¿tienen alma o no?, ¿son buenos? ¿son feos?, ¿nada más los utilizamos para verlos cuando vamos de vacaciones o qué utilidad le podemos dar?”
En ese contexto, se refirió a la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump —el gran ausente de esta Cumbre de las Américas— como una forma de enfrentar a los pueblos de Estados Unidos con el resto de la región. “Trump tiene un discurso racista y de discriminación perversa hacia nosotros y no entiende que se debe buscar equidad y justicia”.
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Audiencia pública peruana
Otro pronunciamiento de los pueblos indígenas, esta vez realizado solo por representantes de comunidades indígenas de Perú, también se entregará en la Cumbre de las Américas.
En una audiencia pública realizada en el Congreso peruano, se presentaron demandas específicas al estado peruano, como garantizar una efectiva participación política de los pueblos indígenas en los asuntos públicos y priorizar los procedimientos de titulación colectiva.
También se pidió la suspensión de la construcción de los proyectos de inversión para la construcción de carreteras en la Amazonía, obras de infraestructura, o concesiones de proyectos extractivos que afecten los territorios indígenas y pongan en peligro a los pueblos indígenas en aislamiento y o inicial (Piaci), así como el establecimiento de mecanismos para una correcta rendición de cuentas de los proyectos de inversión sobre los territorios indígenas.
Durante el debate, Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se refirió a los grandes proyectos como una amenaza a los territorios indígenas.
Un ejemplo de esta situación lo dio Hermógenes Tantarico, presidente de la comunidad campesina de Cañaris. Él explicó que en el territorio de su comunidad se han entregado 18 concesiones mineras y reclamó porque el 96 por ciento de sus tierras están concesionadas. Igualmente, Jeremías Petsein, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (Fenap), lamentó que “el total de nuestros territorios estén concesionados a empresas petroleras y sin consulta previa”.
En la audiencia se discutieron casos emblemáticos de pérdida de territorio y tráfico de tierras como el que se produjo en Santa Clara de Uchunya en Ucayali. También se expusieron casos de comunidades que pese a haber recibido sentencias favorables aún no han podido hacerla efectiva. Este es lo que vienen sucediendo en Tres Islas, Madre de Dios, una comunidad que se enfrenta a taladores ilegales.
La congresista Tania Pariona, de la bancada Nuevo Perú y que impulsó esta audiencia pública, manifestó que “la democracia no puede existir sin participación efectiva de los pueblos originarios y que sus pedidos deben tomarse en cuenta para transformarse en políticas públicas. El tema indígena debe cruzar transversalmente todas las acciones del Estado”.
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