- La bancada ruralista del Congreso brasileño mostró su poderío en el 2017: hizo varias peticiones al presidente Michel Temer para que firmara decretos que debilitaran las protecciones ambientales y revocaran los derechos sobre la tierra a las comunidades indígenas y tradicionales en Brasil.
- Ruralistas envalentonados —industrias agropecuarias, ganaderos, ladrones de tierras y madereros— redoblaron los ataques violentos en el 2017, lo que convirtió a Brasil en el país más peligroso del mundo para activistas sociales o ambientales. Hubo 63 asesinatos para fines de octubre.
El 2017 resultó un desafío para la conservación en la Amazonía brasileña. El año estuvo marcado por un aluvión de iniciativas de Michel Temer, un presidente débil quien, ante acusaciones de corrupción, se embarcó en una estrategia de supervivencia que puso su presidencia a disposición de la camarilla rural (la bancada ruralista), que tiene un bloque dominante de votos en el Congreso.
Estos políticos y sus partidarios —industrias agropecuarias, ganaderos, ladrones de tierras y madereros— expresan desde hace tiempo su resentimiento contra lo que les parece una cantidad excesiva de tierra brasileña ocupada por unidades de conservación, reservas indígenas, comunidades tradicionales y quilombos (comunidades establecidas por afrobrasileños, muchos de los cuales fueron esclavos fugitivos).
A principios del 2016 —antes de aceptar dar su apoyo a Temer en su ascenso al poder mediante el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff—, la bancada ruralista armó una lista de exigencias políticas. El documento titulado “Pauta Positiva – Biênio 2016-2017” obligaba a dar marcha atrás con muchos avances ambientalistas y sociales logrados desde que el país salió de una dictadura militar en 1985.
Una vez que Temer asumió la presidencia, la camarilla obtuvo aun más poder e influencia sobre el presidente, ya que el Congreso fue convocado tres veces para votar en contra de que la Corte Suprema investigara al primer mandatario por corrupción.
Con cada nueva votación, los ruralistas presionaban a Temer para aprobar más de sus exigencias.
Aun así, el grupo de presión rural no ha conseguido todo lo que quería. Las iniciativas del 2017 del presidente a menudo provocaron una reacción furiosa por parte de movimientos indígenas y populares, ONG, fiscales independientes del Ministerio Público Fiscal (MPF), abogados y de la sociedad civil y, en ocasiones, de la comunidad internacional. La oposición logró demorar o suspender una cantidad sorprendente de medidas, aunque pocas fueron retiradas por completo.
Una corriente de violencia en aumento
La resistencia se mantuvo firme durante el 2017, a pesar de que se tornó cada vez más peligroso expresar disconformidad en Brasil debido a la creciente criminalización de los movimientos sociales. Durante todo el año anterior, el conflicto se centró alrededor de la negación de los derechos sobre la tierra a comunidades indígenas y tradicionales, campesinos y quilombolas.
La violencia llegó a un punto en que Brasil está considerado como el país más peligroso del mundo para activistas sociales o ambientales. Para fines de octubre, se registraron 63 asesinatos en el campo, cifra superior a los 61 asesinados durante todo el 2016. Según la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica (T), ocurrieron más muertes en el 2017 que en cualquier otro año desde el 2003, cuando 73 personas fueron asesinadas.
Los ruralistas —probablemente alentados por las políticas solidarias de Temer— han aumentado las agresiones, y el año pasado hubo una serie de masacres, decapitaciones, amputaciones de manos con machetes, torturas y muertes.
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A continuación se incluyen algunas de las masacres que ocurrieron en el 2017 (definidas por la T como el asesinato de dos o más personas al mismo tiempo):
- 20 de abril – Nueve granjeros asesinados en Colniza, Mato Grosso, por cuatro sicarios contratados por un maderero.
- 29 de abril – Veintidós indígenas Gamela heridos en un ataque violento en Viana, Maranhão.
- 24 de mayo – Diez trabajadores rurales asesinados en el municipio de Pau d’Arco durante una acción conjunta entre Policía civil y militar quienes, como lo muestran las investigaciones oficiales, actuaban bajo la orden de los terratenientes rurales.
Mientras tanto, el Gobierno sistemáticamente socavó los entes reguladores y las instituciones de orden público. La presidencia de Temer comenzó el 2017 con recortes de presupuesto para el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria), la FUNAI (la institución indígena) e IBAMA (el organismo ambiental). Con tan poco tiempo transcurrido desde las reducciones anteriores, los recortes rigurosos del 2017 complicaron a las instituciones para brindar hasta las protecciones básicas.
Ataques a los derechos indígenas sobre la tierra
Con las instituciones debilitadas, el Gobierno comenzó a atacar los derechos indígenas sobre la tierra. En julio del 2017, Temer aprobó una recomendación del Procurador General, por la que se estableció un criterio restrictivo nuevo para determinar los límites territoriales indígenas. Más controvertida fue la adopción del “marco temporal”, una fecha arbitraria en la cual los grupos indígenas debían estar ocupando físicamente un territorio tradicional para poder reclamarlo de forma legal. Esa fecha arbitraria fue establecida el 5 de octubre de 1988, cuando la Constitución nueva fue aprobada. Según los historiadores, para esa fecha, muchos grupos indígenas ya habían sido obligados a dejar sus tierras.
La legalidad de la medida ya fue puesta en duda, y la Corte Suprema podría anularla finalmente. Pero, entretanto, la Presidencia dio instrucciones al Ministerio de Justicia para que implemente la iniciativa. En respuesta, este dejó de establecer territorios indígenas nuevos y comenzó a “revisar” 19 territorios indígenas que ya habían casi terminado el proceso arduo y largo para conseguir el título de propiedad sobre la tierra. Está en juego un área total de casi 800 000 ha (3089 mi2), casi toda en la cuenca del Amazonas. Si el Ministerio de Justicia decide que esa tierra no les pertenece a los indígenas —los mejores es de tierras del país—, podría avecinarse una deforestación importante.
Mediante otra medida, Portaria 68, el Gobierno buscaba traspasar la tarea técnica de demarcar terreno indígena (que, hasta el momento, la realizan expertos de la FUNAI) a un organismo nuevo, en el que estarán representados otros actores, incluidos los terratenientes. Ante una reacción feroz de líderes indígenas, abogados, el MPF y hasta de las Naciones Unidas, el Gobierno revocó las medidas más controvertidas, aunque continuó con la creación del organismo nuevo.
Otras iniciativas antiindígenas en proyecto incluyen un decreto presidencial que legaliza el alquiler de tierras dentro de reservas indígenas por parte de empresas agropecuarias de forma permanente. Márcio Santilli, uno de los fundadores de la ONG Instituto Socioambiental (ISA), afirmó que la iniciativa, aunque ordenada por el ministro de Justicia de la Nación, es claramente inconstitucional.
Ataques a quilombos y a comunidades tradicionales
En el 2017, cobró fuerza una ofensiva importante contra los derechos de los quilombolas sobre la tierra. En el 2003, el Gobierno de Lula —más solidario con los derechos sociales— publicó un decreto (Decreto 4.887) que abolía el antiguo requisito de que las comunidades quilombola debían probar que habían vivido de manera continua en esa tierra desde 1888, antes de que se les dieran los derechos sobre la tierra. Esta era una expectativa inviable para comunidades que tuvieron que mantener un bajo perfil legal al haber sido establecidas por esclavos prófugos que temían ser recapturados.
Los Demócratas, un partido político de derecha, se presentaron ante los tribunales para anular el decreto de Lula. Frente a una protesta generalizada, la Corte Suprema aún no ha fallado y pospuso la sentencia en varias oportunidades. Pero, aun si la Corte falla en contra de los Demócratas, los quilombola no se beneficiarán, ya que el presupuesto para demarcar terreno ha quedado tan reducido que las demarcaciones están paralizadas.
Las comunidades rurales no indígenas —incluidos los asentamientos producto de la reforma agraria y las comunidades tradicionales de caucheros, de recolectores de nueces de Brasil y de pescadores— también han sufrido un revés importante en el reclamo de tierras.
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Durante la presidencia de Temer, finalizó el programa de reforma agraria. El presupuesto para crear reservas extractivistas (RESEX) —en las cuales las comunidades rurales pueden cultivar legalmente los productos del bosque, siempre y cuando preserven los alrededores— se agotó, lo que deja una fila larga de comunidades en espera. Del mismo modo, los programas por medio de los cuales las municipalidades compraban a pequeños granjeros la comida para el almuerzo escolar también han sido suspendidos.
Mediante otro decreto presidencial, el MP759 (ahora convertido en ley 13.456), la tierra que debería pertenecer a los pequeños granjeros está entregándose a extranjeros y a élites acaudaladas, quienes tienen permitido registrarla a su nombre. Estas normas poco estrictas sobre registro de tierra dieron como resultado que usurpadores, leñadores y ganaderos echen de manera violenta a las familias campesinas y se establezcan en tierras reclamadas legalmente por las familias granjeras. Entretanto, la camarilla rural está ofreciendo cobertura política a grupos paramilitares privados enviados a tomar las tierras. Los tribunales locales, influenciados por las élites acaudaladas, han dejado a las familias desalojadas casi sin opciones de apelación.
Tierras conservadas amenazadas
Los usurpadores de tierras también están observando las unidades de conservación del país, que actúan como zonas de amortiguamiento para proteger el interior de la Amazonía de la deforestación.
En la actualidad, hay una batalla política feroz por la desarticulación del Parque Nacional Jamanxim y del Bosque Nacional Jamanxim, ambos creados para proteger la pluviselva amazónica de incursiones a causa de la pavimentación de la autopista BR-163, que une Brasilia con Santarém, en el estado de Pará. A instancias de la camarilla rural, el presidente firmó dos decretos —MP 756 y MP 758— para debilitar en gran medida el nivel de conservación de estas unidades.
Ante protestas nacionales e internacionales, Temer revirtió su postura y vetó por completo el MP 756 y parcialmente el MP 758. Pero la historia no terminó ahí: aunque Presidencia aceptó, por el momento, que no puede tocar el Bosque Nacional Jamanxim, envió un proyecto de ley al Congreso que le permitirá a los extranjeros, y en especial a los usurpadores de tierra, a reclamar terreno dentro del Parque Nacional Jamanxim. Esto logrará por vía legislativa prácticamente lo que se pretendía con el decreto presidencial original. En la actualidad, están apurando el proyecto de ley en el Congreso.
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Otra lucha medioambiental enorme de este año se produjo por la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (RENCA), una reserva nacional gigante de 4600 millones de hectáreas (17 800 mi2) que abarca los estados de Pará y de Amapá en la Amazonía.
Conocida por su riqueza en recursos minerales, RENCA fue creada en 1984 por la dictadura militar para evitar que las empresas mineras del exterior se apoderaran de la zona. El Gobierno de Temer no tiene esas preocupaciones, y la abolición de RENCA (anunciada en agosto del 2017) fue llevada a cabo a instancias de empresas mineras canadienses.
RENCA, sin embargo, contiene nueve áreas indígenas y de conservación, y juega un papel clave en la conservación de la Amazonía, aunque esta no fue la intención original del Gobierno militar. El decreto de Temer fue recibido con disconformidad tanto en el país como en el extranjero, y el presidente lo derogó, por el momento.
La amenaza que presenta al medioambiente la apertura de RENCA ha quedado clara en vista de una investigación nueva del 2017, donde se muestra que la actividad minera causó casi el 10 % de la deforestación amazónica.
Un juego de ajedrez
El enfrentamiento entre la camarilla rural y sus oponentes ha sido comparado con un juego de ajedrez político, donde cientos de miles de brasileños son los peones. La camarilla rural ha realizado apertura tras apertura, pero muchos de sus movimientos fueron parcialmente bloqueados por la resistencia firme de movimientos sociales, ONG y ambientalistas.
Pero la camarilla, compuesta por políticos habilidosos, tiene tiempo y se reagrupó para idear tácticas nuevas para lograr sus objetivos. Mientras se desarrolla el partido, los organismos gubernamentales sufren una paralización normativa y de ejecución a lo largo de la cuenca amazónica.
Una víctima de este juego del gato y el ratón podría ser el compromiso de Brasil con el Acuerdo de París para reducir un 37 % sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2025 en comparación con los niveles del 2005. Esta es una promesa que depende en gran medida de reducir la deforestación, junto con una extensa reforestación.
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A medida que Temer continúa presionando con los objetivos ruralistas de usurpación de tierras, la posibilidad de lograr el objetivo de París va disminuyendo. Brasil aumentó sus emisiones de carbono un 8,9 % en el 2016 en comparación con el 2015 y es probable que haya habido otro aumento en el 2017.
Es importante destacar que los emisores más grandes de carbono en Brasil no fueron los estados urbanos ni industriales, sino Pará y Mato Grosso, donde la pluviselva amazónica —con su capacidad inmensa para almacenar carbono— está siendo atacada violemtamente por ganaderos y por productores de soja.
Una razón para el gran aumento de liberación de carbono durante el 2017 fueron los incendios forestales intencionales en la Amazonía con el fin de despejar tierra para la actividad agrícola. Los científicos advierten que la degradación forestal está provocando que la Amazonía pase de ser un sumidero de carbono a una fuente de carbono en algunos años secos. Esto es una mala noticia para un mundo que necesita una reducción importante de los gases de efecto invernadero.
Una amenaza grande para el medioambiente amazónico, la construcción de megarrepresas que era inminente durante la presidencia de Rousseff, se ha desvanecido por el momento. Las empresas constructoras de Brasil, que fueron tan poderosas en su momento que podían llevar a un presidente al éxito o al fracaso y que solían pujar por contratos lucrativos de represas, quedaron opacadas por el escándalo de la Operación Autolavado (Lava Jato), una investigación gigante sobre corrupción.
Marcelo Odebrecht, CEO de la empresa constructora Odebrecht, abandonó la cárcel en diciembre del 2017 después de haber cumplido más de dos años por haber liderado la red de corrupción política más extensa de la historia brasileña. Desde su condena, el prestigio de la empresa se desmoronó, los pedidos nuevos disminuyeron, y unos 100 000 trabajadores fueron despedidos. Las empresas estatales chinas cubrieron el vacío, y China ofreció a Brasil una línea de crédito para infraestructura de 20 000 millones de dólares en el 2017, que pronto podría hacer reanudar los proyectos de megarrepresas en la Amazonía.
Aunque han sido malas las noticias para el medioambiente y para la Amazonía en el 2017, las comunidades indígenas y los movimientos sociales ahora reconocen claramente el riesgo que representan la industria agropecuaria y su necesidad de nuevas rutas, vías férreas y vías navegables industriales para transportar bienes río abajo para su exportación a Europa, Estados Unidos y Asia. También desarrollaron estrategias nuevas para proteger su tierra y cultura contra los ataques cada vez más estridentes del Gobierno.
En abril del 2017, por ejemplo, 3000 líderes indígenas se reunieron en Brasilia y armaron lo que denominaron Acampamento Livre Terra (Campamento Tierra Libre), la mayor movilización indígena en la historia de Brasil. En mayo del 2017, los movimientos sociales llevaron adelante una manifestación grande en contra de Temer. Luego, en diciembre, 90 munduruku evitaron una audiencia pública en Itaituba por el nuevo Ferroagrão, con el reclamo de que no les habían consultado sobre el proyecto. Entre la pesadumbre que sienten activistas ambientales y sociales, algunos ven un destello de resistencia y esperanza renovadas, en especial con las elecciones que se avecinan en octubre del 2018.
El Gobierno de Temer no ha respondido ninguno de los pedidos de comentarios realizados por Mongabay a lo largo del 2017.
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